El recurso se interpone después de que el juez Central Contencioso-Administrativo número 11 haya acordado levantar la suspensión cautelar de las exhumaciones después de que la Abogacía del Estado presentara alegaciones explicando que la familiar de la persona que solicitó parar los trabajos no fue inhumada en la capilla donde están ahora los forenses.
La organización de juristas actuó en nombre de la nieta de una de las pocas mujeres que se encuentran enterradas en el Valle de los Caídos y que fue fusilada en Madrid en 1936.
Fue el pasado mes de junio cuando el Gobierno inició los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros. El 13 de marzo el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres.
El pasado septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid anuló la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para acceder a las criptas y proceder a las exhumaciones de restos mortales de víctimas del Franquismo y la Guerra Civil.
La sentencia llegaba después de que el pasado junio el Gobierno iniciara los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que «Patrimonio Nacional y el Abogado del Estado mienten porque existe un informe elaborado por el propio Ministerio de Justicia en 1990 en el que se admite que no se puede saber con certeza la localización de los restos de cada fallecido».
Señala que «esto es un ataque más del Gobierno contra la libertad religiosa y el Valle de los Caídos ya que el objetivo final es acabar con la cruz, que es la más grande de la cristiandad».
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