Archivo - La diputada del PP Ana Marín. | PP. - Archivo

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La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha acusado al PSOE y Podemos de «agravar» el fracaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la comunidad autónoma durante el anterior Ejecutivo autonómico, liderado por Javier Lambán, al «desmantelar» el Ingreso Aragonés de Inserción.

Así lo ha manifestado Marín, tras analizar un informe anual elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que, a su juicio, «demuestra que el cacareado escudo social de la izquierda nunca existió», según han indicado fuentes 'populares' en una nota de prensa.

«Aragón contaba con su propia renta de inserción y la implementación del IMV hizo que hubiera que eliminarla porque era incompatible», ha recordado Marín. Después, se estableció la prestación aragonesa para atender los casos que quedaban fuera y complementarlo. Sin embargo, la «gestión incapaz de las izquierdas» propició «el deterioro de las coberturas sociales» para los aragoneses en situación de vulnerabilidad.

En este punto, Ana Marín ha rememorado que el IAI atendió al 19 por ciento de la población vulnerable durante la Presidencia de la comunidad autónoma de la 'popular' Luisa Fernanda Rudi. «La gestión de --Pedro-- Sánchez y Lambán, con las cifras de 2022, muestran que no se llegaba apenas al 13,5 por ciento de los aragoneses».

«Estos datos demuestran el desastre que ha sido el IMV», ha afirmado la diputada autonómica 'popular', «y por eso el Estado se lo quiere quitar de encima, para que las CCAA asumamos su fracaso», ha apuntado.

Caída "en picado"

Ha opinado que la caída «en picado» del salario social en Aragón se produjo a partir de 2016, con Javier Lambán, «y no podemos achacarla sólo al IMV porque su aprobación fue posterior», ha señalado.

«La complejidad del procedimiento y las enormes dificultades para cumplir los requisitos de acceso al IMV ya supusieron un problema desde el primer momento, la gestión de la prestación complementaria, la PACIMV, no cumplió con las expectativas, al liquidar deprisa y corriendo el IAI para adecuarlo a la renta básica nacional».

Así, el equipo de gobierno de Lambán cometió «una chapuza» cuyas consecuencias se desprenden de los datos del citado informe, que analiza la cobertura de las rentas mínimas de todas las CCAA entre los años 2011 y 2022.

Soluciones para mejorar la atención a los vulnerables

Por su parte, el PP ha lamentado la «ineficacia de la izquierda en la gestión de los servicios», puesto que a pesar de contar «con más dinero que nunca y hacernos pagar más impuestos que nunca», sólo fueron capaces de hacer llegar la PACIMV a poco más de 80 familias y la prestación complementaria, a unos 3.800 aragoneses, según datos del tercer trimestre 2023.

«Desde la oposición de izquierdas están acusando al Gobierno de Aragón de recortar las ayudas a familias vulnerables de forma infundada», ha criticado Marín, que ha animado a Podemos y PSOE a «digerir los datos que desmontan su gestión social y ponen en cuestión lo que hicieron con las rentas mínimas de inserción en Aragón».

Igualmente, les ha aconsejado «preocuparse más de las consecuencias negativas de su paso por el Gobierno de Aragón y alegrarse de que a partir de ahora se vayan a solucionar los problemas que causaron».

Marín ha asegurado que ya se están planteando medidas para revertir esa caída en la cobertura social de los aragoneses, como la incorporación por primera vez desde el ejercicio 2021 de la Prestación Complementaria a las Pensiones No Contributivas, que había desaparecido del presupuesto con el Gobierno progresista, y la revalorización de la PACIMV de 583 euros a 621 euros.

El Gobierno autonómico presidido por Jorge Azcón ha presupuestado en 2024 un total de 8 millones de euros para financiar la prestación aragonesa complementaria del IMV, con los que también se cubre a los perceptores que aún reciben el extinto Ingreso Aragonés de Inserción.

Además, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales impulsará y consolidará la arquitectura de los salarios sociales con actuaciones para «mejorar la tasa de acceso del Ingreso Mínimo Vital» y también «incrementar la efectividad de ese IMV a través de políticas de inclusión, dotadas con 15,5 millones de euros», ha concluido.