El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha subrayado que la videovigilancia tiene una «relación directa con la disminución» de la criminalidad, durante su participación este martes en una jornada informativa sobre sistemas de videovigilancia para alcaldes y alcaldesas de la provincia oscense, organizada de forma conjunta con la Diputación Provincial de Huesca (DPH).
El objetivo de este encuentro, al que han asistido representantes de unas 70 localidades, ha sido dar a conocer el proceso de solicitud para la instalación de cámaras de seguridad en los términos municipales, una herramienta que Beltrán ha definido como «muy valiosa para el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
El delegado del Gobierno, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, y por el presidente de la DPH, Isaac Claver, ha destacado que las videocámaras «tienen por un lado un componente disuasorio para potenciales personas que se planteen un hecho ilícito, y por otro son un elemento fundamental para la investigación, ya que en Aragón son numerosos los delitos que se han esclarecido gracias a las imágenes de seguridad».
En la provincia, son ya 16 las localidades que cuentan con un sistema de videovigilancia autorizado --Alcubierre, Altorricón, Arén, Barbastro, Binéfar, Canfranc, Chimillas, Fraga, Graus, Huesca, Monzón, Poleñino, Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Tierz y Torres de Barbués-- y cinco se encuentran en trámite tras haberlas solicitado que son Banastás, Casbas de Huesca, Sariñena, Senés de Alcubierre y Torrente de Cinca.
Beltrán ha confiado en que «este número se incremente próximamente, porque son varios los alcaldes y alcaldesas que han mostrado su interés, dado que hay una relación directa entre la instalación de cámaras y la reducción de la criminalidad».
Las solicitudes para implantar sistemas de videovigilancia se tramitan a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, mientras que la autorización es competencia de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia en Aragón.
Esta Comisión está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), y la conforman la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, un Abogado del Estado, el Secretario General y la Jefa de Derechos Ciudadanos de la Delegación del Gobierno en Aragón y un representante de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).
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