La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido un juicio cuyo inicio estaba fijado para el 24 de abril, en torno a las presuntas irregularidades detectadas en los más de 2,2 millones de euros concedidos por la empresa de capital riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta de Andalucía, a las sociedades Keepfresh Verde y Natural, Keepfresh Agroandalucía, Desarrollos Industriales Herón y Allfresh Investigación, Desarrollo y Comercialización; según figura en una providencia emitida el pasado 13 de marzo.
Este juicio fue inicialmente señalado para febrero de 2023, pero entonces fue suspendido por la incidencia de la huelga indefinida que por entonces protagonizaban los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), así como por la renuncia de uno de los abogados defensores.
Posteriormente, y según han informado fuentes del caso, el comienzo de la vista fue fijado para el 24 de abril de este año, si bien con esta nueva providencia, la Sección Primera de la Audiencia acuerda suspender de nuevo la vista, dada «la documentación médica aportada» por la representación del principal acusado, el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo.
Ya en mayo de 2023, recordémoslo, la Sección Cuarta de la Audiencia suspendía el juicio previsto por los préstamos participativos concedidos por Invercaria a la empresa de Mancha Real (Jaén) Electronics Devices Manufacture (EDM), por valor de 1,18 millones de euros; tras alegar la defensa de Pérez-Sauquillo su ingreso en un centro hospitalario por dolencias relacionadas con el corazón y la próstata, por las cuales había sido intervenido quirúrgicamente.
Varios juicios suspendidos
En septiembre, además, la Sección Séptima de la Audiencia suspendía el juicio promovido por los fondos públicos concedidos por Invercaria a la empresa Servivation, afincada en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA), también a cuenta del estado de salud del expresidente de Invercaria.
En esta nueva ocasión, en la providencia emitida el pasado 13 de marzo por la Sección Primera de la Audiencia para suspender este otro juicio, dicha instancia requiere a la representación de Pérez-Sauquillo para que informe «periódicamente el estado de salud del mismo al objeto de proceder, en su caso, a nuevo señalamiento» de la vista.
En esta causa, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, indicaba que los más de 2,2 millones de euros de fondos públicos objeto de las actuaciones fueron préstamos participativos «de naturaleza irregular» que comportarían posibles presuntos delitos de prevaricación en concurso ideal medial con un delito de malversación de caudales públicos y un delito de gestión interesada.
El principal inculpado
Según el juez, «el responsable de este mecanismo de inversión separado en distintas entidades cuando obedecía a un solo proyecto es Tomás Pérez-Sauquillo, que (como presidente de Invercaria) instó y autorizó estas inversiones sin ajustarse a las normas internas específicas previstas» en el plan director de Invercaria 2005-2008 y en la normativa económica que lo regulaba.
En su escrito de acusación para esta pieza, el Ministerio Público reclama para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y para el ex director financiero Antonio Nieto seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación; otros diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y el pago de una multa de 6.000 euros y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de gestión interesada.
Condenas previas
Pérez-Sauquillo, recordémoslo, ha sido condenado anteriormente a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de la citada entidad, a tres años de cárcel por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa y a la misma pena por las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por Invercaria a la sociedad Cedes Electria.
Asimismo, la Fiscalía solicita para dos representantes de las empresas que recibieron el traspaso de fondos seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación; dos años y medio de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, y el pago de una multa de 3.000 euros y 1 año de inhabilitación por el delito de gestión interesada. El fiscal pide que estos cuatro acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Inverseed con 1.885.066,1 euros.
Petición de cárcel
El Ministerio Público también pide para el representante de otra de las empresas que recibieron las ayudas seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y dos años y medio de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, así como que indemnice con 834.640,97 euros a Inverseed.
Por último, solicita un año de inhabilitación y el pago de una multa de 3.000 euros para los otros tres acusados, como son el hermano del expresidente de Invercaria, Mariano Pérez-Sauquillo, y las dos presidentas, mujeres de éste y de Antonio Nieto, de una sociedad que adquirió participaciones de las empresas que recibieron las ayudas.
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