Esta ha sido la primera cuestión previa planteada por el letrado de Zaplana en el juicio que ha arrancado este jueves en la Audiencia de Valencia contra el 'expresident' y otras 14 personas más por el caso Erial, en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.
En su intervención, el abogado de Zaplana --acusado para el que el ministerio fiscal pide 19 años de prisión-- ha pedido que se envíe la causa de Erial a la Audiencia Nacional por cuestión de competencia ya que entiende que los presuntos hechos delictivos se cometieron básicamente en el extranjero.
De no mandarse la causa a Madrid se podría incurrir en la nulidad del juicio, ha advertido, y ha puesto como ejemplo una resolución de una de las piezas del conocido como caso Emarsa sobre la que la Audiencia mandó a Madrid al haberse cometido el delito en Andorra. El letrado se ha respaldado en más jurisprudencia de casos como Petronor y ha recordado que la Audiencia Nacional se ocupa de supuestos casos de corrupción como Gürtel, muy vinculados a la Comunitat, o Púnica y el caso Koldo.
El letrado detalla los delitos que el fiscal atribuye a su representado --cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsedad-- e intenta situar dónde se han cometido. Respecto al de cohecho, afirma que tiene lugar en el extranjero ya que el propio ministerio público asegura en su escrito que una vez que las sociedades investigadas obtenían sus beneficios, se transferían a Luxemburgo. «El delito de cohecho se ha consumado en Luxemburgo y lo dice el fiscal apoyado en multitud de atestados de la Guardia Civil», ha afirmado.
En relación con el delito de blanqueo, el letrado ha indicado que «en Valencia no ha aparecido ni un duro del supuesto blanqueo. De haberlo, se comete en Luxemburgo, fuera del territorio nacional y la competencia para investigarlo y enjuiciarlo sería la Audiencia Nacional», ha insistido.
Además, sobre los delitos de grupo criminal y prevaricación, el abogado ha indicado: «Lo único que tendríamos en Valencia sería la prevaricación suponiendo que supiéramos cuál es puesto que no sabemos todavía cuál fue la resolución injusta que dictó Zaplana», ha insistido.
Frente a esta petición, el fiscal se ha opuesto y ha defendido que la causa debe seguir en Valencia porque «debe primar la territorialidad donde se ha producido el delito». «Los hechos se cometieron aquí, los relacionados con el cohecho. Se paga porque se han predeterminado conciertos y adjudicaciones de carácter público y se pagan en Valencia con independencia de dónde se traslade el Valencia», ha dicho.
Y ha añadido: «El cohecho se produjo con el simple acuerdo y desde Valencia se transfirieron los fondos a Luxemburgo. Pero aquí es donde se conciertan para la adjudicación de una serie de contrataciones públicas», ha repetido. Además, ha advertido de que parte del dinero se retorna a España a través de ampliaciones de capitales y de la creación de sociedades. Sobre el resto de delitos, el ministerio público ha señalado que no se pueden ir disgregando: «Son delitos conexos en una única causa».
El tribunal, tras escuchar a las partes, ha decidido no aceptar la petición de mandar la causa a la Audiencia Nacional porque el delito principal, el cohecho, se cometió en Valencia y los delitos accesorios son conexos y siguen al principal.
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