El Juzgado de lo Penal número diez de Sevilla ha condenado a cuatro miembros de la cúpula gestora de la empresa Green Power Technologies, dedicada al sector de las energías renovables, por un delito de fraude de fondos comunitarios cometido al haber desviado más de un millón de euros de fondos europeos asignados por entidades públicas para una docena de proyectos de la empresa, «a fines distintos» al objeto subvencionado.
En una sentencia recogida por Europa Press, el juez de lo Penal David Candilejo declara probado, de conformidad entre los acusados y la Fiscalía, que entre 2009 y 2013, la sociedad Green Power Technologies, con sede en Bollullos de la Mitación y dedicada a la ingeniería, consultoría y desarrollo de productos de nuevas tecnologías relacionadas con las energías renovables, recibió «ayudas en forma de préstamos con tipos de interés bonificados y subvenciones, procedentes de organismos estatales, con cargo a fondos nacionales y comunitarios, por importe de 10.865.374 euros».
Más al detalle, según la sentencia, el Centro para el Desarrollo Tecnológico (CDTI) le concedió 7.598.343 euros, el Ministerio de Ciencia e Innovación le asignó préstamos por importe de 1.975.135 euros y la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de Andalucía 1.291.895 euros.
Por una denuncia anónima
En ese marco, en agosto de 2015, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, tras «una denuncia anónima», abrió una investigación por presuntas irregularidades cometidas por la empresa en la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el VII programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico; abarcando las pesquisas 25 proyectos de esta entidad cofinanciados por el presupuesto europeo en el período de programación 2007-2013, con un coste elegible total de 16.500.000 euros en el cual las cantidades concedidas ascendían a unos cinco millones de euros, por concesión directa o mediante préstamos a un cero por ciento de interés.
Las diligencias practicadas reflejaron según la sentencia que «se realizaron declaraciones de gastos no vinculados a los proyectos», detallando por ejemplo que en un proyecto de la empresa para actuaciones en materia de ciudad inteligente fueron «desviados para fines distintos del proyecto 244.018 euros procedentes de fondos comunitarios», mientras en el proyecto bautizado como HVDC Aerocon II fueron desviados 7.649 euros de fondos comunitarios o en el proyecto titulado Stratech otros 9.791 euros de la misma procedencia.
La sentencia pormenoriza así hasta una docena de proyectos promovidos por esta empresa y en los que la misma habría incurrido en el desvío de fondos comunitarios concedidos por el Centro para el Desarrollo Tecnológico, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la agencia IDEA, «para fines distintos» al objeto subvencionado.
Un desvío de más de un millón de euros
En total, según recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número diez, Green Power Technologies habría desviado 1.060.000 euros de fondos comunitarios «a fines distintos del proyecto que motiva su concesión», toda vez que «las decisiones sobre la financiación de proyectos, su desarrollo y justificación eran adoptadas» por tres de los acusados en su calidad de socios y administradores de la empresa y uno más como socio y director del área de Tecnología.
En ese sentido, la sentencia declara a todos ellos, junto con la empresa como persona jurídica, autores de un delito de fraude de fondos comunitarios del artículo 306 del Código Penal, con la atenuante muy cualificada de reparación del daño; pues han consignado o pagado los fondos en cuestión y han accedido a «la liberación de las cantidades consignadas para destinarlas al pago de la ayuda e intereses de toda clase y naturaleza»; con lo cual «quedan íntegramente pagadas las deudas pendientes con el CDTI, el Ministerio y la agencia IDEA por los proyectos» objeto de la causa.
En consecuencia, el Juzgado de lo Penal número diez condena a Green Power Technologies a una multa de 530.000 euros y a tres años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social; mientras impone a cada uno de los cuatro acusados miembros de la cúpula de la entidad once meses y 20 días de prisión y sendas multas de 132.500 euros, si bien sus penas de cárcel quedan suspendidas siempre que no delincan de nuevo en un periodo de dos años.
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