El Servicio Público de Empleo Lanbide ha culminado la primera actualización completa de las cuantías que perciben los titulares de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), adecuándolos a la situación real de las unidades de convivencia y de los ingresos de los perceptores.
El nuevo procedimiento ha logrado un grado de automatización superior al 95%, liberando de tareas manuales a la plantilla, y ha permitido depurar expedientes en los que se hayan producido cambios de empadronamiento o ingresos que antes no se detectaban, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.
La actualización trimestral es una de las herramientas previstas en la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, y desarrollada en el Reglamento de aplicación de la RGI que entró en vigor el pasado mes de enero.
A través de este proceso se busca una mejor adecuación de esas cuantías a la situación real de las personas, puesto que el importe de la renta máxima reconocida para el siguiente trimestre se adapta a la realidad de las unidades de convivencia en el mes anterior al cálculo.
Para determinar esa cuantía se tienen en cuenta los datos facilitados por las personas titulares, pero también la totalidad de los que se obtienen por los mecanismos de interoperabilidad que Lanbide tiene establecidos con una veintena de administraciones locales, forales, autonómicas y estatales.
En el estreno del nuevo procedimiento se ha completado en el primer trimestre la actualización de todos los expedientes, y más del 95% se han resuelto de forma automática, y el resto de forma manual. A partir del nuevo cálculo, se procede a la comunicación a las personas y la resolución completa supera también el 90% en el plazo de un mes.
La razón por la que algunos expedientes no cierran el ciclo en ese plazo ha tenido que ver, principalmente, con algún tipo de retraso con la notificación postal, cuestión que está en vías de subsanación junto a Correos, y también con expedientes a los que se hayan presentado alegaciones pendientes de resolver.
Además, hay 1.500 casos en los que esas notificaciones no han sido recogidas, por lo que Lanbide citará presencialmente a esas personas y, en caso de que se desatienda el requerimiento, se iniciará expediente de suspensión.
Liberar de trámites
Al margen de la mayor aproximación a la realidad de las unidades convivenciales, el nuevo procedimiento permite liberar de trámites a las oficinas, y está permitiendo depurar los expedientes y atender a situaciones que, de otro modo, podrían estar pasando inadvertidas, al no tener seguimiento con esa periodicidad establecida.
Esto sucede, por ejemplo, con el empadronamiento, con situaciones en las que la llamada de interoperabilidad devuelve una información que no concuerda con la recogida en el expediente.
También se están detectando ingresos por trabajo no declarados a través de las llamadas por interoperabilidad a vida laboral y bases de cotización. Del mismo modo, la no recogida de notificaciones señalada anteriormente es un indicador que «pone en alerta para poder ejercer un mejor control» de esas situaciones.
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