«Hasta que no tengamos resueltas las dudas técnicas, tenemos las manos atadas y el sistema no echará a andar en Aragón ni en muchas CCAA», ha asegurado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín.
Ante las declaraciones publicadas en varios medios de comunicación atribuidas a fuentes de Delegación del Gobierno en las que se hacía responsables a las Comunidades Autónomas de los sucesivos retrasos en la puesta en marcha del sistema, la consejera ha afirmado que «Aragón tiene todo listo para lanzar el programa», pero sigue esperando indicaciones para «resolver dudas técnicas».
Además, ha puesto en duda el alcance de las medidas de acompañamiento tal y como las ha planteado el Gobierno de España ya que «los bancos de alimentos y comedores sociales no van a recibir recursos que hasta ahora sí obtenían y los fondos previstos desde Madrid resultan a todas luces insuficientes».
Así, la principal preocupación del Ejecutivo regional es cómo se va a atender a las 30.000 personas que quedan excluidas del sistema por no tener menores cargo y cómo se va a llegar a los municipios aragoneses en los que no tienen presencia los supermercados habilitados para proveer de productos alimentarios y de higiene a través de las tarjetas, dos cuestiones a las que se refirió la Susín en su comparecencia en las Cortes este mismo martes.
Dudas razonables
Desde la Dirección General de Inclusión Social y Voluntariado, que está gestionando el proceso dentro del Departamento, han destacado la falta de concreción en cuestiones como la compatibilidad del acceso al sistema de tarjetas con el cobro de rentas de inserción y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y sobre cómo se va a atender a posibles solicitantes de origen migrante que estén en una situación irregular y no puedan acreditar su condición de vulnerabilidad con ninguna documentación, por ejemplo.
Otra duda se refiere a la edad máxima para que se considere menor a un miembro de la unidad familiar --no está claro si es por debajo de 14, 16 ó 18 años, según el Gobierno de Aragón-- puesto que a día de hoy, en la documentación remitida a las autonomías, la única referencia a este asunto figura en una tabla para calcular los umbrales de renta y no consta ninguna otra instrucción concreta por escrito.
Respecto a la protección de los datos personales contenidos en las fichas de derivación, el acuerdo está ahora mismo en Aragón bajo revisión jurídica, otras comunidades no lo han firmado y, en todo caso, el Ministerio de Derechos Sociales «ni se ha pronunciado ni ofrece un criterio de referencia», han remarcado desde la Consejería.
El Gobierno de Aragón ha señalado que volverá a exponer sus reservas y dudas respecto a estos asuntos el próximo 17 de mayo en la reunión del grupo de cooperación técnica, a la vez que Susín ha confirmado que ha sido convocada el 31 de mayo a otra reunión, en este caso de la Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con un orden del día que incluye un punto dedicado a la puerta en marcha del Programa de Asistencia Material Básica (Básico).
«Si el proceso ha sido tan claro y transparente como aseguran a coro la Delegación y el Ministerio, ¿por qué han incluido esta cuestión en esa reunión?», se ha preguntado la consejera de Bienestar Social y Familia.
En este punto, ha mostrado su perplejidad ante la postura de la Delegación. «Que sea la Delegación del Gobierno quien esté ejerciendo labores de oposición, hurtando esa función a los grupos políticos de las Cortes», ha dicho, «ante lo que a todas luces es un fracaso del Gobierno de España, como lo fue el IMV, es un nuevo ejemplo de cómo Pedro Sánchez crea un problema, se lava las manos e intenta responsabilizar de su incapacidad a las Comunidades Autónomas». Posteriormente ha lamentado que «el PSOE de Sánchez y el de Lambán sólo sean capaces de ponerse de acuerdo para atacar al Gobierno de Aragón».
Por último, ha vuelto a plantear la convocatoria de un Consejo Territorial extraordinario para plantear alternativas al sistema de ayuda alimentaria y dar respuesta a colectivos como el de las personas mayores solas, familias sin menores a cargo o de origen migrante con un sistema dual que asegure más recursos a bancos de alimentos y comedores sociales.
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