En virtud de esta decisión, el Defensor ha cerrado la queja de oficio abierta en 2022 al entender que «del examen de la respuesta recibida se desprende que han aceptado los contenidos esenciales de la resolución que dictó esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz», lo que implica la adopción de medidas para evitar este tipo de situaciones. Así figura en la actuación publicada por el Defensor del Pueblo Andaluz en su portal web consultado por Europa Press. En la resolución por la queja de oficio ahora cerrada el Defensor recogía que la institución «viene recibiendo quejas de la ciudadanía» en relación con los «retrasos» en «muchos de los procesos selectivos».
Estos retrasos «conducen a que se eternicen los referidos procesos con la consecuente frustración e impotencia de las personas» que participan en ellos, argumenta la oficina que dirige Jesús Maeztu. En la queja, el Defensor subrayaba que «desde que se aprueba la correspondiente oferta de empleo público y hasta que se culmina el proceso selectivo --incluida la toma de posesión de la plaza-- transcurren en muchas ocasiones más de tres años». Los afectados manifiestan que «la dilación de los procesos les ocasiona un importante perjuicio pues la inversión intelectual y económica que han tenido que realizar no se ve recompensada con el inicio de la correspondiente relación laboral en el plazo de tiempo previsto inicialmente».
«Hay que admitir --continúa el Defensor-- que este retraso les produce, sin lugar a dudas, un daño emergente en su esfera patrimonial consistente en la ganancia dejada de obtener como consecuencia del daño producido, pues el retraso en la toma de posesión del puesto impide la percepción de sus retribuciones salariales». Ante todo esto, el Defensor concluye que «podemos sostener que la tardanza en la conclusión de los procesos selectivos y la tardanza en la incorporación de recursos humanos que han sido previamente valorados como necesarios y planificados en su correspondiente oferta de empleo provocará un perjuicio directo en la consecución de la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos».
En su resolución, el Defensor recomendaba que se dé debido cumplimiento a los plazos establecidos en relación con el desarrollo de los procesos selectivos en la normativa de aplicación y, en concreto, al indicado en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público. Igualmente, sugería que «se promuevan y adopten las medidas necesarias para, en el futuro, evitar el retraso desmesurado en los procesos selectivos de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía y avanzar en pro de la agilidad de los mismos».
Fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía han recordado que la Ley de Función Pública de Andalucía recoge en su artículo 91 que el plazo máximo de ejecución de la oferta de empleo público es de tres años. Asimismo, tanto en los procesos selectivos a los que hace alusión la queja como en los que se han convocado posteriormente «ya se han incorporado medidas para la agilización», como la presentación de alegaciones de forma electrónica, la reducción de exámenes de tres a dos y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del IAAP para ampliar la plantilla del servicio de selección, entre otras.
En esta línea, la Junta puntualiza que el actual Gobierno se encontró en los primeros tres meses de la legislatura de 2018 «multitud de procesos que permanecían paralizados desde 2017, por lo que hubo que convocar de manera inmediata la casi totalidad de los cuerpos pendientes, incluidas las ofertas ordinarias de 2017 y 2018». Así, en total, entre 2019 y 2022, se convocaron 188 procesos selectivos con un total de 8.421 plazas. En los diez años anteriores --2009 a 2018--, los procesos fueron 131, con 4.414 plazas.
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