La jueza que instruye el caso en el que dos guardias civiles murieron tras ser embestidos en repetidas ocasiones por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) ha dictado una resolución en la que destaca el peso de los presuntos delitos de contrabando y organización criminal para mantener en prisión al piloto de la embarcación que se encuentra en prisión, conocido como 'Kiko el cabra'.
Esta resolución, dictada el 10 de mayo, es previa a la última petición de puesta en libertad de los acusados, realizada después de conocerse el informe de la UCO que descartaba la autoría de los detenidos en el presunto delito de asesinato. Se trata de la respuesta al recurso de reforma presentado por la defensa contra el auto dictado por la jueza en abril, que denegaba la petición de libertad.
Según han indicado a Europa Press fuentes del TSJA, la jueza ha rechazado dicho recurso de reforma porque, entre otros argumentos, recuerda que el acusado está investigado por presuntos delitos de contrabando y pertenencia a organización criminal, que son delitos que podrían conllevar penas de hasta siete años y medio de cárcel, además de que cuenta con antecedentes penales y una pena suspendida por plazo de dos años.
Cabe recordar que las partes esperan una nueva resolución del Juzgado que instruye el caso después de que de las defensas de los seis acusados que se mantienen encarcelados presentaran la pasada semana una nueva petición de puesta en libertad, tras incorporarse a la investigación un informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil que demuestra que la narcolancha que embistió a la embarcación de los agentes causándoles la muerte no es en la que estaban los provisionalmente encarcelados.
A esta petición ya se pronunció la Fiscalía en contra de la puesta en libertad de los acusados mediante la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, que recordó que aunque se puede concluir que los investigados como presuntos autores de la muerte de dos guardias civiles «no son los autores del asesinato», siguen imputados en «delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión».
Cabe recordar que en el caso de Barbate, además de la investigación sobre la autoría de los tripulantes de la narcolancha que arremetió contra la embarcación de los guardias civiles, la jueza también ha abierto otra línea diferente incoando diligencias previas tras la denuncia presentada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en relación a las condiciones laborales de los agentes que participaron en el operativo.
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