El objetivo de este impuesto, según expuso el pasado mes de marzo la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, en el debate de totalidad que dio paso a su tramitación, que hoy termina, es gravar la afección medioambiental y visual adversa en el medio natural, su paisaje, la flora y la fauna.
En relación a las energías eólicas, se tendrá en consideración la potencia instalada y la altura de los molinos, que serán los factores que determinarán el impacto. Con respecto a los parques fotovoltaicos, se computará la cantidad de hectáreas ocupadas, quedando exentos los proyectos instalados sobre cubiertas y tejados, vinculados al autoconsumo. Y, en las líneas eléctricas de alta tensión, se fijará el impuesto mediante los kilómetros de tendido.
La diputada del PP Blanca Puyuelo del Val, coordinadora de la Ponencia del proyecto de ley, ha indicado que se presentaron 211 enmiendas, quedando vivas 206, de las que se aprobaron 31. «Aunque las posiciones son diferentes, el resultado de nuestro trabajo será bueno para el conjunto de los territorios afectados por la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos», ha dicho Puyuelo, recalcando que «el juego parlamentario es un juego de mayorías».
Proyectos estratégicos
Puyuelo ha intervenido, asimismo, en representación del PP. Ha indicado que la previsión de ingresos es de unos 28 millones de euros y que proteger las instalaciones de autoconsumo, así como los proyectos estratégicos de especial relevancia para el territorio.
Ha incidido en que al menos el 65 por ciento de la recaudación se destinará al territorio y ha dejado claro que el Fondo de Solidaridad Territorial se incrementará con otros gravámenes por afecciones ambientales, como el agua embalsada. «Recibirán más y en más municipios», ha zanjado.
El diputado de VOX Fermín Civiac ha destacado que «con VOX siempre se sabe al final porque es un partido confiable» y está «poniendo orden donde PSOE y PAR dejaron el caos», en materia medioambiental. Ha recalcado que esta ley proviene de un acuerdo del PP con VOX y «no llega a las Cortes de la mano de PSOE, ni Podemos, ni CHA, que tiempo tuvieron».
Se ha preguntado «en qué mejora Aragón» rebajando el gravamen a las instalaciones fotovoltaicas, ha defendido las instalaciones de autoconsumo, y ha aprovechado para criticar «las tropelías de Sánchez y sus cómplices». Ha aseverado que la recaudación revertirá en el territorio «al cien por cien».
El parlamentario del PSOE Óscar Galeano se ha preguntado «qué objetivos buscaba el PP» con este proyecto de ley, «hacia dónde iba el proyecto de Azcón», recalcando que «no era un proyecto común de su Gobierno y se han limitado a poner parches de uno y otro Departamento, sin ningún objetivo claro ni definido».
Ha defendido el proyecto que preparó el Ejecutivo anterior, lamentando que «han dilapidado ese consenso para llegar a la incertidumbre». Ha subrayado que «un impuesto está para recaudar» y ha reclamado que la recaudación se destine a los municipios afectados y respetando la autonomía municipal a través del Fondo Aragonés de Solidaridad Energética.
Galeano ha opinado que con esta ley «se envía un mensaje equivocado a las empresas y los municipios» y ha rechazado «la falta de ambición» del Gobierno regional.
La diputada de Aragón Teruel Existe Pilar Buj ha opinado que «para este viaje no hacían falta estas alforjas» porque «las prisas del Gobierno» han impedido el debate sobre las instalaciones fotovoltaicas y eólicas, sustituyéndolo por «una política de trileros y titulares», añadiendo que esta ley servirá para beneficiar a las empresas de renovables y, además, «no hay cuidados del paisaje» ni de los territorios y se reducirá la recaudación «a la mitad» porque «el Gobierno no ha querido hacer una ley medioambiental».
«No se ha atendido a los principios básicos de la fiscalidad ambiental ni de su finalidad», advirtiendo de que la justicia examinará estos principios ante cualquier reclamación. «Esta ley se llamará de bonificaciones ambientales», criticando que se excluyen los mapas del paisaje, que están regulados en la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón. «Tiene que pagar más quien más contamine», ha sentenciado.
Desde CHA, José Luis Soro ha afirmado que el proyecto de ley «llega amputado» porque es «el único impuesto en el que se pagan cero euros» porque no se establece ningún tipo de gravamen, añadiendo que «VOX deja al PP a los pies de los caballos», criticando la reducción del impuesto a las fotovoltaicas: «Esto ha sido el parto de los montes».
A su juicio «el Gobierno de coalición se auto-agrede, un socio a otro», señalando que «VOX no se mueve ni un milímetro» para eximir del impuesto a las instalaciones de autoconsumo. Ha reclamado que este gravamen sea finalista para que la recaudación redunde en los territorios afectados y que «paguen más quienes contaminan».
El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha expresado que «lo relevante es que todo ese dinero vaya al territorio», haciendo notar que «hay municipios que no tienen ni un solo parque, pero tienen un impacto visual mucho más alto que los que los tienen» por infraestructuras como caminos y tendidos eléctricos, por lo que «todo tiene que revertir en el territorio».
En representación de IU, Álvaro Sanz ha señalado que este impuesto «no se puede aplicar y eso se llama chapuza, contradicción», manifestando que PP y VOX «confrontan abiertamente, violentando el desarrollo político y el trabajo técnico de la Ponencia». Ha defendido «un impuesto útil, disuasorio, haciendo pagar más a las instalaciones más próximas a las zonas de protección ambiental, pero no ha podido ser y el impuesto sale mermado y avanzando en la discrecionalidad».
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