En un nuevo escrito registrado este pasado martes, la entidad conservacionista ha instado a que se obligue al Ayuntamiento de Carboneras «a cumplir en sus debidos términos» la sentencia que ordena restituir la legalidad de los suelos protegidos tanto en El Algarrobico como en el Canillar, ambos en Carboneras (Almería).
El texto, consultado por Europa Press, pretende reimpulsar nuevamente las acciones pendientes de acometer tras el auto judicial emitido el pasado 8 de mayo por el que el TSJA daba un plazo de diez días al Ayuntamiento para que aportara «certificación» de que el PGOU en vigor «cumple debidamente» la sentencia que le obliga a calificar el sector ST-1 o El Algarrobico como «suelo no urbanizable» y «de especial protección».
«No ha dado cumplimiento a lo acordado», ha reiterado el colectivo, desde el que se ha recordado que han transcurrido ya «tres años de tramitación» de la pieza destinada a dar cumplimiento a la sentencia y «estamos exactamente igual que en 2021».
Recalcan desde Greenpeace que es «público y notorio» que el Algarrobico y el Canillar «siguen figurando como urbanizables en el PGOU», toda vez que ambos sectores «siguen figurando como urbanizables en la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía», siendo a su vez este órgano el competente para «aprobar definitivamente la modificación del PGOU».
En este sentido, incide en que la Consejería de Fomento «aún no lo ha tramitado» y, por tanto, «sigue siendo urbanizables a pesar de que debieron de clasificarse como espacio protegido hace 30 años».
Cabe recordar que mediante su auto, el TSJA desestimó el recurso de reposición interpuesto por Greenpeace contra la decisión de no multar al alcalde del municipio, al cual se adhirieron Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción.
El TSJA reiteraba así sus argumentos y sostenía, para desestimar el recurso de los colectivos conservacionistas, que «no ha sido declarada la nulidad» de la «mera actuación formal» realizada por el Ayuntamiento, en alusión al acuerdo de pleno de abril de 2023 por el que se desclasificaba como urbanizable el sector ST-1 o Algarrobico.
Añadía que cualquier «alegato de incumplimiento que se plantee ahora» habría de estar referido, «en su caso, al contenido del planeamiento actualmente vigente» en Carboneras, por lo que resolvía requerir al Ayuntamiento que le aportara certificación del mismo en lo que se refiere al suelo sobre el que se alza el hotel de Azata.
Por contra, los colectivos ecologistas mantienen que el TSJA sí «anuló» en un auto dictado el pasado mes de marzo el acuerdo del pleno municipal «que simulaba haber cumplido la sentencia sin haberlo hecho» y consideran que citado pleno «fue una maniobra dilatoria más para eludir la modificación del PGOU».
Alegaban que, dada la «renuente actitud» del Ayuntamiento de Carboneras, «adoptando incluso un acuerdo plenario para eludir el correcto cumplimiento de la sentencia», procedía multar al alcalde «por la cantidad exacta de 700 euros cada 20 días» u otra «medida coercitiva» que le obligara a ejecutar el fallo que blinda el Algarrobico ante el desarrollo urbanístico.
El TSJA rechazó en una resolución de 15 de abril sancionar al regidor carbonero argumentando que se había declarado la nulidad «solo» de la parte resolutiva de este acuerdo de pleno, y «no» de la «mera actuación formal» del Ayuntamiento en el instrumento urbanístico «realizada a propósito de la sentencia» que debe ejecutar.
Entendió que, con la convocatoria de ese pleno, se atendieron los requerimientos que se hicieron al alcalde para que actuase en pos de dar cumplimiento al fallo.
No obstante, en el auto que anuló el acuerdo de pleno que modificaba el PGOU, la sala sí apuntó que había sido la «intención» del Ayuntamiento «eludir» ese cumplimiento y remarcó que la «forma» en la que se había hecho y su «contenido» suponían un «significativo y sustancial quebranto» de los pronunciamientos de la sentencia que declara no urbanizable el Algarrobico y «un desmán».
Para rechazar que proceda multar al alcalde de Carboneras, cargo que actualmente ocupa Salvador Hernández (Cs) tras una moción de censura contra Felipe Cayuela (PP), afirmó que «argumentación» de Greenpeace para pedirlo «no es útil».
Greenpeace sostiene que, al anularse a instancia de la Junta andaluza el acuerdo de pleno de abril de 2023, «se ha vuelto a la situación de ilicitud» ya que, «a fecha de hoy, los terrenos del Algarrobico han vuelto a clasificarse como urbanizables en la normativa urbanística municipal».
El Gobierno andaluz, por contra, mantiene que, tras la anulación de lo que consideró un «subterfugio» para «obstaculizar la demolición del hotel» de Azata del Sol, el suelo «no era ni es urbanizable» y considera que «así ha quedado reflejado el PGOU» de Carboneras.
Paralelamente a la petición de multa al alcalde de Carboneras, Greenpeace ha solicitado la suspensión de la ejecución de otra sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia municipal de obras y cuya revocación facilitaría la demolición del hotel.
El TSJA había dado un mes para que se iniciase el procedimiento por parte del consistorio, aunque el cambio en el gobierno municipal ha prorrogado los plazos.
El colectivo conservacionista quiere «evitar» que el Ayuntamiento de Carboneras, «aprovechando que los terrenos han vuelto a ser urbanizables», tramite el expediente y concluya «que no se puede anular la licencia de obras debido a que en el PGOU El Algarrobico es urbanizable» y remarca que Azata, consistorio y Junta «ya utilizaron este mismo argumento en otros pleitos».
Para Greenpeace, el «único método» que ha dado resultado hasta ahora para que el Ayuntamiento «cumpla» las sentencias «ha sido la posibilidad de adoptar medidas coactivas contra el alcalde» del municipio.
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