La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado este miércoles ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, su petición de siete años de cárcel y 50 millones de euros de multa para cada uno de los cinco ex altos cargos de la UGT Andalucía sometidos a juicio desde finales del pasado mes de enero, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Se trata, en concreto, del ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.
Con relación a todos ellos, el fiscal Fernando Soto ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, confirmando su petición de condena de siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para cada uno de ellos. Además, solicita que se les imponga el pago de una indemnización, conjunta y solidaria, de 40,7 millones de euros --que es la cantidad supuestamente defraudada-- a la Junta de Andalucía, y a la responsable del departamento de Compras el pago adicional de 4,2 millones de euros.
El fiscal también ha ratificado su petición de tres años de prisión y multas de 3.650 euros respecto a la decena de empresarios otrora proveedores de UGT-A, con petición del pago de indemnizaciones comprendidas entre los 638 euros y el millón de euros; salvo en el caso del empresario Moisés Morillo y su entidad Viajes Macarena, pues con relación ha ellos ha retirado su acusación.
En la vista, recordémoslo, el fiscal Fernando Soto consideraba que el sindicato «solicitaba que sus proveedores falseasen las facturas para engañar a la Junta»; creando todo un «sistema» de con el que «institucionalizó el fraude y lo pacto con sus proveedores».
A los citados exresponsables del sindicato se les acusa, al detalle, de haber orquestado con determinados proveedores de la organización un sistema de facturas fraudulentas o «falsas» con cargo a las subvenciones autonómicas para cursos de formación, gracias al cual UGT-A cosechaba un «bote» económico con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.
Más al detalle, la investigación sostiene que de común acuerdo entre las partes, los proveedores acusados habrían inflado las citadas facturas imputadas a programas de cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, para generar ese saldo a favor de UGT-A fruto de la diferencia entre el gasto planteado a la Administración andaluza y el coste real de los productos o servicios contratados.
Según el juez instructor del caso, Juan José Vélez, «el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros».
El testimonio del extrabajador condenado por revelación de secreto
A lo largo del juicio, el extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, «información reservada y sensible» de la trama ahora sometida a este juicio, testificaba en ese sentido que el sindicato orquestó un sistema de «facturas fraudulentas o falsas» con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba un «bote» o «fondo de reptiles» con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.
El «excedente» económico fruto de la diferencia entre la cuantía reflejada en la factura del proveedor a cargar a programas subvencionados y el dinero efectivamente pagado, según sus palabras, era empleado para sufragar «bienes o servicios que no se podía imputar a las subvenciones».
El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado de la investigación agregaba en la vista que las empresas proveedoras de UGT Andalucía hacían «descuentos» al sindicato por determinados «volúmenes» de compra durante periodos concretos, si bien tales descuentos no eran «comunicados al órgano gestor» de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban los gastos, o sea la Junta, extremo que ha sido constatado a lo largo del juicio.
Los "responsables" de la gestión del sindicato
Eso sí, el que fuese empleado del área de Justificación de gastos de UGT-A José Miguel Galeano precisaba que estos descuentos no fueron declarados ante la Junta porque las ayudas eran «plurianuales», sujetas a un marco temporal concreto, y no era posible esclarecer «qué parte» del descuento aplicado por cada proveedor correspondía a cada ayuda concreta. Esto mismo trabajador concretaba que el mencionado «bote» cosechado gracias a las subvenciones autonómicas era gestionado por los acusados Fresneda y Charpín, a quienes describía como «responsables de la organización» del sindicato.
Francisco Fernández Sevilla explicaba por su parte que el supuesto «bote» de dinero cosechado por UGT-A para sus gastos propios, gracias al excedente de la presunta práctica de imputar a las subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación facturas supuestamente infladas por los proveedores previo concierto con el sindicato; no era «nada raro», sino que era un mecanismo de «funcionamiento interno» para el «día a día» de las relaciones con los proveedores, al objeto de que cuadrasen las cuentas con los mismos.
Fernández Sevilla avisaba de que en aquellos tiempos, en los medios de comunicación circulaba mucha «información sesgada» fruto de la documentación que Macías «sacó» de UGT y difundió en función de sus «intereses» personales, al no haber «entendido» su despido en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) acometido por el sindicato a cuenta de su situación.
Una "película" contra ugt
Así, señalaba que como consecuencia de tales filtraciones habría sido orquestada una «película» contra UGT-A, esgrimiendo que «la propia Administración» andaluza, entonces gobernada por el PSOE, «tendría algo que decir» sobre el asunto porque había dado su «OK» a las justificaciones presentadas por UGT-A respecto al gasto de las subvenciones autonómicas, para después solicitar «una nueva justificación» ante las publicaciones derivadas de las filtraciones de Macías, cuando según remarcaba UGT-A obtuvo incluso la «felicitación» del Gobierno andaluz de entonces por cómo estaban siendo impartidos los cursos de formación.
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