La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene fijada para este jueves la que sería la última sesión del juicio promovido contra la antigua cúpula de UGT-A por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil; con relación a la gestión de subvenciones autonómicas por valor de más de 40 millones de euros.
Después de que el juicio comenzase a finales de enero, en esta última sesión habrían de finalizar los informes de las defensas, contando los acusados con la última palabra en el caso de optar por usar ese recurso.
Los principales acusados, recordémoslo, son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.
En su intervención, recordémolo, el fiscal Anticorrupción Fernando Soto manifestaba que pesan «indicios sobrados» de que los antiguos responsables de UGT-A encausados implantaron «un mecanismo de facturación falsa para defraudar a la Administración» andaluza, con un concierto con determinados proveedores para que los mismos generasen tales facturas para cargar las mismas a las subvenciones para cursos de formación por «conceptos que no respondían» a la realidad.
Peticiones de cárcel
Con relación a todos ellos, el fiscal elevaba a definitivas sus conclusiones provisionales, confirmando su petición de condena de siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para cada uno de ellos. Además, solicita que se les imponga el pago de una indemnización, conjunta y solidaria, de 40,7 millones de euros --que es la cantidad supuestamente defraudada-- a la Junta de Andalucía, y a la responsable del departamento de Compras el pago adicional de 4,2 millones de euros.
El fiscal también ratificaba su petición de tres años de prisión y multas de 3.650 euros respecto a la decena de empresarios otrora proveedores de UGT-A también acusados, con petición del pago de indemnizaciones comprendidas entre los 638 euros y el millón de euros; salvo en el caso del empresario Moisés Morillo y su entidad Viajes Macarena, pues con relación ha ellos ha retirado su acusación.
El representante del Ministerio Público detallaba durante el despliegue de su informe final los aspectos al «bote» de dinero cosechado por la UGT-A, para sus «fines propios», gracias a las «diferencias» a su favor entre las facturas cargadas a las subvenciones autonómicas para cursos de formación, por conceptos «genéricos» o supuestamente ajenos a la realidad; y los servicios verdaderamente prestados por los proveedores emisores de tales recibos.
El testimonio de roberto macías
Al respecto, señalaba el testimonio del extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, «información reservada y sensible» de la trama ahora sometida a este juicio, quien testificaba que el sindicato orquestó el sistema de «facturas fraudulentas o falsas» con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba un «bote» o «fondo de reptiles» con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.
También señalaba los «relevantes testimonios» del contable de UGT-A Francisco Mateos, quien manifestaba que él conocía la existencia del citado «bote», encuadrándolo en el departamento de Compras del sindicato; y que el sindicato trabajaba con facturas presentadas por los proveedores por bienes o servicios que «todavía» no habían sido «servidos»; porque «la facturación iba por un sitio y las entregas por otro».
Igualmente, el fiscal indicaba la declaración del empleado del área de Justificación de gastos de UGT-A José Miguel Galeano, quien concretaba que el mencionado «bote» era gestionado por los acusados Fresneda y Charpín, a quienes describía como «responsables de la organización» del sindicato.
Fernando Soto también profundizaba en los «rappel» o descuentos aplicados por tales proveedores al sindicato por determinados «volúmenes» de compra con cargo a las ayudas autonómicas durante periodos concretos, descuentos que no eran comunicados a la Junta de Andalucía como órgano gestor de la fiscalización de estos fondos públicos.
La obligación de "justificar" los descuentos
Al punto, aseveraba que UGT-A «tuvo que haber justificado ante la Junta el precio final» pagado por los productos o servicios comprados con cargo a la Junta de Andalucía y que cualquier rebaja debería haber redundado precisamente en los propios cursos de formación como objeto de las ayudas recibidas por el sindicato. Así, lamentaba las «excusas» de los acusados con relación a la supuesta complejidad de dicha justificación por aspectos como el carácter plurianual de las ayudas.
Pero el exsecretario Fernández Sevilla, de su lado, avisaba de que la justificación de las ayudas contó con el «OK» de la Junta, alegando que «no había nada raro» y que el citado bote o «saldo» era un mecanismo de «funcionamiento interno» para las relaciones con los proveedores; avisando de una «película».
Y especialmente, el fiscal alertaba de que durante el juicio han recaído «indicios poderosos» de que estos «instrumentos» de «bote» y descuentos fueron «usados de manera genérica» por estos entonces responsables de UGT-A y no sólo para las ayudas autonómicas para los cursos de formación. Esta mecánica, según destacaba, fue convirtiéndose en «transversal» y «genérica» y habría sido utilizada para «más fondos» cosechados por UGT-A, que hizo de este sistema «su forma de ser».
Fernando Soto avisaba de que entre los «indicios poderosos» de dicha mecánica pesan correos electrónicos con supuestas directrices a los proveedores sobre los conceptos que estampar en las facturas, aspectos que «no han sido justificados por los acusados».
La «traca» del asunto, según sus palabras, fue la creación a «propuesta» de Charpín del programa digital «Spyro» para la gestión expresa del citado «bote», dado el «volumen» de dinero manejado, un software pagado además con cargo a las propias ayudas autonómicas para formación.
El papel de los acusados
Según el Fiscal, Fernández Sevilla, quien exponía en su comparecencia que confiaba en su equipo y que la Junta daba su «OK» a las justificaciones presentadas por UGT-A respecto al gasto de las subvenciones autonómicas, asegurando que el «bote» era un mecanismo de «funcionamiento interno» para las relaciones con los proveedores, al objeto de que cuadrasen las cuentas; «controlaba» todo lo que estaba sucediendo y firmó «justificaciones falsas» del gasto de las ayudas.
Respecto a Federico Fresneda, le achacaba también un papel de «control» de las actividades descritas; lo mismo que a Charpín, a la que le ha atribuido la propuesta del programa «Spyro» y el «conocimiento» de todo este sistema, si bien ella alegaba que era la «cobradora del frac» de UGT-A porque la Junta debía «ocho millones» al sindicato en ayudas y pedía «laxitud» con las facturas.
Dolores Sánchez, de su lado, habría sido también partícipe «directa e indirecta» y Goicoechea habría colaborado en el «artificio de alquileres ficticios» cargados a las ayudas a través de Soralpe, ente «instrumental» de UGT-A y al que el sindicato cedió locales para los mencionados cursos de formación subvencionados por la Junta.
Así, el fiscal criticaba que estos entonces dirigentes del sindicato, una organización destinada a «defender y ayudar a los trabajadores y los desfavorecidos», actuasen de esta manera y costeasen incluso «fiestas» con cargo a los fondos públicos.
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