La investigación se originó a finales del pasado año tras una inspección realizada por el SEPRONA en una nave situada en Valdemoro. En esta inspección los agentes localizaron un total de 642 garras de aceite, con el resultado de 3.214 litros del citado elemento, procediendo a su inmovilización al detectarse ciertas irregularidades en el etiquetado de las garrafas.
Por parte de inspectores del área de sanidad de la Comunidad de Madrid, se procedió a la toma de muestras del aceite, declarado como aceite de oliva virgen (AOVE).
Unos meses después se recibió el preceptivo informe que confirmaba las sospechas de los investigadores, resultando que se había detectado presencia de aceites de baja calidad y semillas, vendiéndolo a precios inferiores a los del mercado.
Paralelamente, por parte del Seprona, se realizó un estudio pormenorizado de toda la documentación que se intervino en el almacén para determinar los destinatarios del aceite referido, así como el origen.
Tras identificar al propietario de la empresa que envió el aceite, se procedió a su detención, al ser el responsable de la comercialización de dos marcas de aceite fraudulentos. A este individuo se le atribuyen los delitos de falsificación de documento público ya que en el etiquetado se ha comprobado que el código de barras pertenece a otra mercantil, un delito contra la salud pública, estafa, relativo al mercado de los consumidores y relativo a la propiedad industrial.
Por otro lado, dentro de los dispositivos relacionados con este tipo de delitos, se localizó un almacén en Valdemoro, donde se estaban almacenando productos alimenticios de manera clandestina y que llevó a la detención de una persona y a la investigación de 4 más por delitos relacionados con la comercialización y fraude alimentario.
En la nave, la cual operaba sin ninguna licencia, se intervinieron 2.320 litros de aceite, 211 quesos, 104 jamones, 800 kilogramos de chorizo, 500 kilogramos de salchichones y 410 kilogramos de lomo.
Visto que los alimentos intervenidos, no contaban con ningún tipo de registro sanitario y que además presentaban graves deficiencias en el etiquetado, lo que impedía establecer su origen real y la trazabilidad alimenticia, sanidad ha decretado la destrucción de la mercancía.
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