Más de una veintena de alcaldes/as de la Campiña y la Sierra Sur de Sevilla cuyos municipios figuran en el área sanitaria de Osuna han emprendido este martes un encierro de 24 horas en la Diputación provincial, como «llamada de atención» al Gobierno andaluz y mensaje de «basta ya» ante la prolongada «situación absolutamente crítica» de la asistencia sanitaria en los 24 municipios de esta zona que suma más de 44.000 habitantes.
La alcaldesa de Osuna, la socialista Rosario Andújar, y el primer edil de Marinaleda, Sergio Gómez, de IU; han sido la voz de los responsables municipales encerrados en las dependencias de la Diputación, gobernada por el PSOE con el apoyo de IU, partidos ambos que cuentan con gran parte de las alcaldías de esta zona de la provincia; desde las 10,00 horas de este martes y hasta la misma hora pero del día siguiente, el miércoles.
A la salida del encierro el miércoles, según han explicado, será celebrada una manifestación junto con Marea Blanca hasta el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz del PP, para pedir audiencia al presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, y exponerle directamente las reivindicaciones de los ayuntamientos de esta zona de la provincia de Sevilla.
Rosario Andújar y Sergio Gómez han expuesto que aunque en términos generales «la situación sanitaria está mal» en el conjunto de Andalucía, en el caso del área sanitaria de Osuna «es absolutamente crítica en todos los niveles», con especial mención a la atención primaria, con unos recursos «raquíticos» a consecuencia de lo cual las plantillas están «saturadas», «la totalidad de los centros de salud» carece de agenda de citas, las urgencias están «copadas» y «las consultas con especialistas son un imposible».
Pueblos enteros con "un solo médico"
A ello se suma, según han desgranado, que la zona carece de servicios de pediatría y que hay municipios donde sólo trabaja «un solo médico».
Mientras la Consejería de Salud esgrimía ya el verano pasado que esta comarca es una zona calificada calificada como de «difícil cobertura» de las vacantes y bajas de profesionales por su ámbito rural, entre otros aspectos; señalando «la falta de médicos disponibles para contratación»; estos alcaldes advierten de que el déficit de efectivos abarca a diferentes categorías: medicina, enfermería e incluso personal administrativo.
Como mero ejemplo, han expuesto que sólo en el caso de la atención primaria, la zona necesitaría 40 profesionales para un servicio «de calidad» en estos 24 municipios que suman unos 44.0000 habitantes, pero sólo cuenta «con 17, cinco de los cuales han pedido ya el traslado».
El "plan de verano"
En ese sentido, han mostrado su recelo ante el nuevo plan abordado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta para ofertar 656 contratos de larga duración a Médicos Internos Residentes (MIR) que terminen en septiembre su periodo de formación, con un plus adicional de 500 euros al mes, con la mayoría de las plazas en centros de «especial problema para contratar por falta de profesionales».
Y es que según alertan, el periodo estival comenzó hace ya casi tres semanas y es ahora, ya a fecha 9 de julio, cuando el Gobierno andaluz anuncia este «plan de verano», en el que a su entender no creen ni los propios responsables de la Consejería de Salud; que de su lado viene defendiendo su compromiso por «mejorar las condiciones laborales» en las zonas de difícil cobertura con el objetivo de hacer «más atractivas las opciones» para los médicos en zonas rurales, pues los sindicatos, por su parte, vienen avisando de que la clave radica en las condiciones laborales poco atractivas ofertadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Insistiendo en que está «situación crítica» de la asistencia sanitaria en esta zona de la provincia de Sevilla es «aún más» grave que la que afronta el resto de Andalucía, mientras la Consejería sigue «desviando» fondos públicos para los conciertos con clínicas privadas; los portavoces de estos alcaldes han considerado que el Gobierno andaluz del PP cuenta con un plan «deliberado» para generar «la tormenta perfecta» en el plano social a base del deterioro de la sanidad pública, y así justificar «la privatización».
Por eso, defienden este encierro como «denuncia clara y llamada de atención», como mensaje de «basta ya» al Gobierno andaluz del PP, al que reclaman «soluciones» que partan de un refuerzo de los recursos propios de la sanidad pública.
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