La fiscal delegada de la sección de delitos de Odio y Contra la Discriminación, Susana Gisbert, ha advertido de que en la actualidad existen partidos políticos que blanquean los delitos de odio, la homofobia y el racismo: «Hay determinados mensajes que saltan o pisan líneas muy resbaladizas», ha lamentado.
Gisbert se ha pronunciado así en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha resaltado el aumento en el número de condenas por los delitos de odio en la provincia de Valencia y el incremento de colaboración de ONGs, instituciones públicas y particulares en advertir de estas infracciones.
También se ha referido a los partidos políticos y ha lamentado que los planteamientos que efectúan algunos de ellos «blanquean» los delitos de odio y, en algunos casos, «lo normalizan». «No hay más que ver la estadística de a quién se denuncia en muchos casos para llegar a esta conclusión», ha aseverado.
Y ha agregado: «Es una cosa casuística. Oímos determinados mensajes que, en ocasiones, no llegan a ser delito de odio pero ahí están. No cualquier actuación odiosa es constitutiva de delito puesto que necesit una incitación. Pero hay determinados mensajes que saltan o pisan líneas muy resbaladizas», ha aseverado.
Ante esta situación y la evolución de los delitos de odio, la fiscal ha reclamado un pacto entre todos los partidos políticos para combatirlos: «Lo primero que tenemos que hacer es mirarnos en el espejo de la violencia de género. En 2004 se aprobó la Ley Integral y los partidos hicieron un ejercicio de Estado al olvidar sus rencillas y llegar a un consenso. Lamentablemente a día de hoy se ha perdido», ha dicho. Pero, ha agregado, «ese consenso que dio lugar a la aprobación de la ley es un ejemplo muy importante».
La fiscal ha indicado que lo que le da miedo es que de la misma manera que ha pasado con la violencia de género, «que se ha convertido en un problema político, cuando debería estar al margen», los delitos de odio «se conviertan en lo mismo». «Muchas veces se buscan culpables en vez de soluciones», ha lamentado.
Aumento de denuncias y condenas
Gisbert, también fiscal delegada de la sección de Memoria Democrática y Derechos Humanos en la Fiscalía Provincial de Valencia, ha destacado el incremento de denuncias por delitos de odio pero, sobretodo, «lo que ha aumentado de manera muy importante es el número de condenas de asuntos», y ha nombrado algunos casos como el del 9 d'Octubre, la revelación de secretos de la exdirigente de Vox Cristina Seguí o la persona que llevaba las redes de España 2000.
También se ha referido a la condena por los insultos racistas al jugador Vinicius en Mestalla que, ha subrayado: «Tuvimos la suerte o la desgracia de que pasó en València este asunto, que fue muy mediático por cómo transcurrió todo y hemos sido los primeros en dar una solución satisfactoria para todas las partes. Supone un punto de aviso a navegantes», ha señalado.
Así mismo, se ha referido a otras condenas que «no son tan vistosas mediáticamente pero hay un porcentaje tremendo». «Estamos recogiendo los frutos de todo lo que hemos trabajado en toda la sección. Es un equipo muy profesional que trabaja con mucha ilusión», ha destacado.
Interpelada por la principal dificultad para perseguir los delitos de odio, la fiscal ha manifestado que son dos. La primera, y más general, la infradenuncia, puesto que todavía hay un alto porcentaje de «cosas que pasan y que ni siquiera llegan». Y, la segunda, el problema de diagnóstico.
Sobre este último punto, la fiscal ha indicado que no hay juzgados especializados en odio y, muchas veces, los fiscales se encuentran con que no saben dónde está un determinado asunto o desconocen si ha habido odio o motivación y la persona que lo ha visto, no lo ha identificado o trasladado.
Así, preguntada por si considera necesario la creación de estos juzgados especializados, ha dicho: «No sé si sería una necesidad, pero sería muy bueno para nosotros y nos facilitaría muchísimo el trabajo», ha manifestado.
Ha destacado que hay «por delante» un trabajo de visibilización de estos delitos con el objetivo de lanzar un mensaje, en primer lugar, a las víctimas, de que lo que les pasa es punible y se castiga; y, en segundo lugar, a los delincuentes, «para que sepan que lo que hacen no es gratis», ha dicho.
"falta pedagogía"
La fiscal, en este contexto, ha resaltado que falta pedagogía. «Es la clave», ha destacado. «Lo deseable es que nosotros no actuáramos pero, una vez se comete el delito, es muy importante la pedagogía y que se sepa que no todo se puede», ha insistido.
Preguntada por el papel que juegan las redes sociales en este tipo de delitos, Gisbert ha explicado que hay dos tipos de delito: los de acción en los que las redes sociales pueden actuar como medio de difusión pero son hechos cometidos en la vida «analógica»; y, los segundos, los de incitación al odio o discursos de odio.
Sobre estos últimos, ha expuesto que «se puede cometer el delito en un estrado o durante una conferencia, pero gran parte es a través de redes sociales. Incluso los que se cometen en otros actos, luego se trasladan a plataformas desde donde se les da difusión», ha dicho.
«Ni el ministerio fiscal ni nadie puede estar todo el día viendo lo que aparece en redes para saber si hay delitos o no. Por eso es importante que las víctimas o las personas que los detecten, los pongan en conocimiento de la Fiscalía o del juzgado», ha dicho Gisbert, quien ha resaltado la relación «fluida» que mantienen con la Fiscalía de Sala.
La fiscal ha agregado que una vez denunciado el delito, también tiene el ministerio público un problema con la persecución: «El anonimato en redes es una de las armas con las que cuentan los infractores. Aquí es muy importante la labor de la Policía, que es excepcional, para averiguar de dónde procede el mensaje odioso», ha resaltado.
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