De este modo, Valero ha considerado que «recuperar la Memoria Democrática es forma más firme de asentar el futuro de la convivencia» y ha criticado en una nota que el Gobierno municipal de Cádiz y el de la Junta de Andalucía, ambos del PP, «echen por tierra las políticas públicas que apuestan por la verdad, la justicia y la reparación» y que «no cumplan con la ley de memoria democrática».
Además, ha recordado que esta decisión del alcalde de Cádiz, Bruno García, se lleva a cabo «pese al empuje de la ciudadanía de Cádiz y las asociaciones memorialistas». Este hecho supone que «el PP no se incorpore a la cultura democrática de la sociedad andaluza» y que sus señas de identidad con respecto a la Memoria Histórica sean «la inacción, falta de financiación y revisionismo histórico».
Al hilo de lo anterior, IU ha señalado que este anuncio supone «una vulneración clara y evidente» de las normas memorialistas a la par que «una falta de respeto» a todas las víctimas y familiares de la represión franquista en la ciudad. De igual forma, ha recordado que el cambio de denominación del Estado se llevó a cabo durante el anterior mandato municipal con el objetivo de cumplir con las normas memorialistas vigentes, dado que es un hecho contrastado la participación de Ramón de Carranza en la preparación del Golpe de Estado de 1936 y la posterior represión a funcionarios municipales y vecinos de la ciudad.
Por tanto, para la formación, este anuncio supone «dar pasos atrás en la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del franquismo y a sus familiares», evidenciando que al PP en la ciudad gaditana «no le hace falta justificarse en Vox para asumir el papel de heredero directo del franquismo». Así, IU ha insistido en que el Gobierno Central «debe de implicarse directamente en este ataque directo a las políticas memorialistas», que son a su vez «un ataque a la cultura de la paz y de los derechos humanos».
Para ello, la formación ha indicado que en la pregunta enviada al Gobierno central se ha solicitado a la Dirección General de Memoria Democrática que responda al informe solicitado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz, acerca del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía si finalmente se volviera a denominar el Estadio Municipal como 'Estadio Carranza'.
Por último, IU ha apuntado que las medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Cádiz «deben de tener como consecuencia la apertura de un expediente sancionador» por parte de la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno Central, ya que «este tipo de decisiones o cualquier otra que suponga vulnerar la ley actual puede acarrear la imposición de una sanción».
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