El consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha rechazado los argumentos esgrimidos por la portavoz socialista, Lola Ranera, para presentar un contencioso-administrativo contra la recalificación de la parcela del colegio Jesús y María, y ha asegurado contar con 16 informes de los servicios técnicos del consistorio que argumentan el interés público en la operación.
«El interés público está plenamente imbuido en todo el expediente administrativo, en el que la ciudad modifica el plan general para permitir al nuevo propietario del suelo del antiguo colegio hacer viviendas a cambio de generar un equipamiento público construido llaves mano, con una valoración económica potente, que va a servir como centro cívico», ha resumido Serrano.
Un planteamiento que pasa por la modificación del plan general a falta de presentar el texto refundido y el convenio urbanístico que tiene como fecha límite el 30 de septiembre. «Si entonces Wilcox no ha presentado el convenio, la modificación decaerá», ha precisado Serrano, para quien «la señora Ranera ha ido a la carrera a los tribunales para intentar poner palos en la rueda, porque si hubiese habido una buena voluntad hubiese hecho un planteamiento alternativo que desconocemos y, en segundo lugar, evidentemente, hubiese esperado al 30 de septiembre», ha considerado.
Ese orden de los trámites es «perfectamente legal», según ha sostenido Serrano atendiendo a los informes municipales y el posicionamiento de la jefa de Ordenación y Gestión Urbanística, «la misma que entendió en 2020 que no había interés general en la modificación del plan general propuesto por la promotora», ha recordado.
Además, Serrano ha desmentido que la presentación del convenio urbanístico de manera posterior a la modificación del plan general vaya a suponer que la operación ya no vaya a pasar por el Pleno. «El texto refundido y el convenio se llevarán a la Comisión de Urbanismo y al Pleno, precisamente porque la modificación de plan general, su eficacia y entrada en vigor está condicionada, y todos los grupos políticos van a tener ocasión de volver a pronunciarse sobre esta cuestión», ha asegurado.
Frente a este diseño de la operación impulsada por Urbanismo, el consejero ha criticado que el PSOE no haya planteado ninguna alternativa: «Ni en el debate político, ni en ningún consejo de gerencia, ni en ninguna comisión de urbanismo, ni en el Pleno del pasado 25 de julio, el PSOE planteó una alternativa con respecto a la futura ordenación o al futuro convenio urbanístico que hay que suscribir en estos suelos».
Por ello, ha acusado a los socialistas de «torpedear» la acción de Gobierno en lugar de atender a los intereses de la ciudad «y proyectos que nos demandan los propios vecinos». Y ha recordado la abstención del grupo de Ranera ante el pronunciamiento de PP y VOX favorable a iniciar la modificación del plan general en enero de 2023.
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