El comité de empresa de la fábrica de la multinacional belga Bosal, dedicada a la fabricación de tubos de escape, se reunirá este miércoles en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) con la dirección, a la que exigirá la reapertura de la factoría o que pague las indemnizaciones conforme a la legislación vigente.
La empresa ha presentado un ERE extintivo para los 131 trabajadores tras perder el contrato que tenía con Volskawagen, que compraba el 80 por ciento de la producción. No hay ya actividad productiva, los trabajadores tienen un permiso retribuido, después vacaciones y el 22 de agosto finaliza el periodo de consultas del ERE.
En rueda de prensa, en las Cortes de Aragón, el presidente del comité, David Chico (CCOO), ha avanzado que la reunión en el SAMA comenzará a las 12.30 horas y una hora antes, a las 11.30 horas, habrá una concentración sindical a las puertas de este organismo de la Administración autonómica.
David Chico ha señalado que reanudar la actividad «es cuestión de ambas partes» y que, en su defecto, el comité quiere que la empresa se siente a negociar «indemnizaciones dignas», recalcando que la plantilla tiene más de 33 años de experiencia. «El punto de partida está claro: Los mínimos marcados en la legislación».
Ha avisado de que «la intención de la empresa es presentar el concurso de acreedores y eximirse de cualquier tipo de indemnización», de manera que «sean las arcas del Estado las que asuman» el coste de los despidos, si finalmente cierra.
«No puede ser que una empresa que presenta pérdidas durante 20 años y ha sido inyectada de dinero por el grupo no ofrezca hoy la posibilidad de inyección para que las familias tengan una salida digna». El presidente del comité de empresa ha solicitado al resto de grupos parlamentarios y al Ejecutivo aragonés que investigue este «acto muy premeditado por la dirección del grupo».
Condiciones del concurso de acreedores
El comité de empresa se ha reunido esta mañana en el Parlamento con el diputado de IU Aragón, Álvaro Sanz, quien ha señalado que la dirección de Bosal «está dejando en la calle de forma indecente» a los más de 130 trabajadores, haciendo notar que el 80 por ciento de los empleados tiene entre 50 y 60 años.
«Es una multinacional que ha presentado beneficios en los últimos años gracias a la ingeniería contable que ha generado ella sola» y ahora debe justificar «una situación económica que aboque a la realidad del concurso de acreedores, que debería ser estudiada por la Administración porque no reúne las condiciones jurídico legales oportunas».
Sanz ha manifestado la solidaridad de IU con la plantilla y sus familias. Ha reclamado al Gobierno de Aragón que «igual que pone alfombras rojas a las empresas para que vengan a esta tierra, se comprometa con estas 131 familias y exija a la empresa que no cierre, que trabaje para clarificar las condiciones --si lo hace-- y aclare el futuro de esta plantilla después de 30 años de actividad productiva; no se merecen no ser apoyados» ni sufrir un cierre «perpetrado en pleno agosto».
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