Un total de 20.077 granadinos solicitaron el año pasado asistencia jurídica gratuita y el 89,5 por ciento (17.978) resultaron beneficiarios de este derecho que prestan los profesionales de la abogacía y la procura del turno de oficio.
Las retribuciones de éstos corresponden a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública con el objetivo de «garantizar un derecho fundamental como el acceso a la Justicia a cualquier persona independientemente de sus recursos económicos», ha indicado en una nota de prensa este martes el delegado territorial, Luis Recuerda.
Sólo 1.723 solicitudes fueron denegadas, en la mayoría de los casos porque la persona no cumplía los requisitos para acceder a este derecho (1.384) y en 339 asuntos porque las comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita consideraron que la pretensión era «inviable o indefendible». En 376 casos los expedientes están por resolver o han sido impugnados.
Tienen derecho a asistencia jurídica gratuita las personas cuyos ingresos anuales brutos no superen dos veces el IPREM; 2,5 veces en el caso de familias con dos o tres miembros y tres veces este indicador para familias con cuatro miembros o más.
También, sin límite de ingresos, las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en los procesos relativos a estas materias; los menores y las personas con discapacidad en casos de abusos o maltrato; y las personas con secuelas tras un accidente que les impidan realizar su actividad profesional y requieran ayuda para su vida cotidiana, en los procedimientos de reclamación de indemnización de daños personales y morales sufridos.
Por jurisdicciones, los abogados y procuradores del turno de oficio asistieron sobre todo a personas inmersas en procesos penales (10.718), seguidos de los civiles (4.621) y, en menor medida, contenciosos, sociales, militares u otros (2.639).
Para el delegado de Justicia de la Junta en Granada, «estos profesionales realizan una importante labor social que desde la Consejería de Justicia hemos querido reconocer actualizando sus retribuciones, que llevaban congeladas desde 2009».
Así, ha detallado que el 1 de enero de 2024 está en vigor la nueva orden reguladora de las retribuciones que reciben los profesionales del turno de oficio, consensuada con los colegios profesionales, que actualizan éstas por primera vez desde 2009, con subidas medias del 15 por ciento en las cuantías que perciben y la inclusión de procedimientos que antes no se incluían en la Justicia Gratuita con la mediación, por la que los letrados que lleguen acuerdos reciben hasta 400 euros.
«Forma parte de la apuesta de la Junta por impulsar la resolución extrajudicial de conflictos para reducir la alta tasa de litigiosidad en Andalucía», ha subrayado Recuerda.
También se ha incluido la representación de las personas jurídicas o el trabajo que realicen a requerimiento judicial, aunque luego la persona asistida no resulte beneficiaria del derecho a un letrado de oficio porque no cumpla los requisitos.
Mientras se negociaba esta nueva orden con los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores, ya en 2023 se aplicó una subida lineal del cuatro por ciento, han detallado desde la Junta.
El sistema de justicia gratuita garantiza la asistencia letrada durante los procedimientos judiciales a quienes no pueden pagarse un profesional, pero también la disposición de abogados de guardia 24 horas al día 365 días al año. En 2023, los abogados granadinos realizaron 7.988 guardias durante las cuales atendieron a 19.592 personas.
Además de las guardias para asuntos generales (donde fueron atendidas 15.175 personas) existen turnos especializados en materia de extranjería (2.019 ciudadanos asistidos), violencia de género (1.904 personas) y menores (494).
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