La Comunidad someterá "pronto" a consulta pública el anteproyecto de Ley de Universidades y defiende que busca "diálogo"

Desde la Fundación Parque Científico de Madrid, Viciana ha detallado este miércoles a los medios de comunicación que, una vez se abra la consulta pública, la comunidad educativa, las universidades y «todo aquel que esté interesado» podrán enviar sus aportaciones.

«A partir de ahí es cuando se elabora el borrador. Nuestra intención es iniciar los trámites parlamentarios antes de que termine el año 2024, pero ya veremos cuándo porque queremos dialogar con todas las partes y tenemos hasta el mes de diciembre para hacerlo», ha señalado.

Tal como avanzó el propio consejero en un encuentro con periodistas a comienzos de del mes de julio, el Gobierno de la Comunidad de Madrid prevé introducir en la nueva ley un régimen sancionador, que podría incluir multas económicas, para las instituciones que no controlen escraches y acampadas que acaben impidiendo la entrada de los alumnos a clase, faltando al decoro, invadiendo espacios o acosando a un personaje público.

Esta ley, que el Gobierno regional contrapone a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (conocida como LOSU), que detestan al considerar que va en «detrimento de la calidad educativa», busca cumplir con una «vocación de permanencia que responda a las necesidades actuales pero también de futuro». Agrupará así todas las enseñanzas superiores --artísticas, deportivas y FP superior--, así como la ciencia y la investigación.

Nuevo sistema de financiación

La normativa incluye además, según el primer documento que hizo público la Consejería de Educación a mediados de junio, otros aspectos como son un nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, que se haría a través de un plan plurianual revisable cada cinco años.

Estas instituciones contarían con una financiación básica y la posibilidad de recibir tanto inversiones para necesidades singulares, como una financiación adicional cuyo importe estaría en función del cumplimiento de determinados objetivos estratégicos en materia docente, investigadora o de competitividad.

Asimismo, la Comunidad quiere regular las universidades públicas y escuelas de negocio. Para el Gobierno madrileño, estas últimas se encuentran ahora mismo en una indefinición ante lo que impulsarán un marco específico que las configure con el objetivo de garantizar la calidad.

También la norma contempla la constitución de un distrito único de prácticas para facilitar y asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos a la hora de acceder a una plaza, también en el caso de las enseñanzas superiores de la rama sanitaria.