Así lo ha anunciado el presidente aragonés, Jorge Azcón, en una rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno del curso político, donde ha insistido en que esta ley «rompe con la igualdad, la legalidad, el Estado de derecho y la Constitución».
Del mismo modo, ha reivindicado que Aragón fue la primera autonomía que anunció este recurso que, además, presentará de forma conjunta con el Parlamento autonómico, basándose en los informes del Consejo Consultivo y de la letrada mayor de las Cortes de Aragón.
En palabras de Azcón, era «una obligación política» y también «moral» para el Ejecutivo aragonés la defensa del marco de convivencia de la Constitución de 1978 «contra el que atenta fundamentalmente esta ley de amnistía».
Se trata, ha continuado, de «cumplir con la palabra que le dimos a los aragoneses» y defender algo con lo que «en nuestra tierra nos sentimos especialmente identificados»: la ley, el Estado de derecho o «que tengamos reglas de juego que sean respetadas por todos»; algo que, ha insistido, en Aragón se siente como «absolutamente propio».
«Lo que ocurrió fue un golpe de Estado», ha recalcado Azcón, quien ha subrayado que «no es una opinión», sino la calificación jurídica de los hechos por parte del Tribunal Supremo. «Y un golpe de Estado no merece ser amnistiado», ha remachado, y menos por «un chantaje político» para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno.
Además, ha puesto de manifiesto que, pese a la aprobación de la amnistía, «los independentistas no quieren dejar de ser independentistas» y, de hecho, han redoblado sus «ansias rupturistas» y contra la Constitución, como se demostró con la segunda fuga de Puigdemont, con la que volvió a «burlarse» del Gobierno, de Sánchez y del PSOE. «Sus convicciones de volver a hacer un golpe de Estado están más vivas que nunca», ha insistido.
Motivos para interponer el recurso
El Gobierno de Aragón constituyó en su seno un grupo de trabajo interdepartamental dedicado al análisis jurídico de la ley de amnistía con el fin de recabar argumentos jurídicos destinados a la formulación, en su caso, de un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo, celebrándose una serie de reuniones periódicas.
Tras solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón sobre la constitucionalidad del texto aprobado por el Congreso de los Diputados, el 2 de mayo de 2024 el supremo órgano consultivo del Gobierno de Aragón emitió un dictamen en el que se concluía la inconstitucionalidad de este texto legislativo de amnistía, reconociendo, a su vez, la legitimación de la Comunidad Autónoma de Aragón para su interposición.
A su vez, se han ido recabando desde el Gobierno de Aragón la existencia de múltiples pronunciamientos de rechazo emitidos por todo tipo de asociaciones y colectivos de carácter jurídico, poniendo de manifiesto objeciones de inconstitucionalidad.
Además, también las Cortes de Aragón se posicionaron en contra de esta propuesta normativa y aprobaron en el Pleno del 28 de junio de 2024 la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la misma, previo informe jurídico de 27 de mayo de 2024 de las Letradas de las Cortes de Aragón, que apreciaba tal inconstitucionalidad, reconociendo, a su vez la legitimación de la Comunidad Autónoma para llevar a cabo tal interposición.
Iniciativas de rechazo en 11 ccaa
Del mismo modo, en otras once asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas se han aprobado iniciativas de rechazo: Galicia, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia, Baleares y Canarias, sin perjuicio del anuncio de los correspondientes recursos de inconstitucionalidad.
De las conclusiones contenidas en el citado dictamen del Consejo Consultivo de Aragón se extrae que tanto el Gobierno de Aragón como las Cortes de Aragón están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica de Amnistía, una vez que ésta sea aprobada, dado que la misma afecta a los intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales que la Comunidad Autónoma de Aragón mantiene con la de Cataluña, tal y como se refleja en el Estatuto de Autonomía de Aragón, además de incidir en la unidad de la nación española de la que forman parte Cataluña y Aragón.
Por otro lado, en opinión del Ejecutivo aragonés, la fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia seguido para aprobar la Ley Orgánica de Amnistía «infringe» los principios democráticos del Estado de Derecho exigidos por la Unión Europea, al no dar oportunidad de una adecuada participación social, institucional y política en su elaboración, conforme a las técnicas de la democracia deliberativa, lo que puede plantearse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la vía de la cuestión prejudicial.
Además, consideran que la aprobación de la amnistía exige una previa reforma de la Constitución, que no la prevé, habiéndose rechazado en el proceso constituyente las enmiendas que pretendían incluirla, sin que las Cortes Generales puedan hacer valer ningún poder en la materia, dado que la amnistía es una función distinta de la genérica potestad legislativa.
Por tanto, infringiría la prohibición constitucional de la arbitrariedad, ya que su causa eficiente consiste exclusivamente en permitir la investidura del presidente del Gobierno de España con los votos de los partidos independentistas.
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