El director general de Justicia apuesta por "la modernización y el mantenimiento de la sede judicial electrónica"

Martínez ha comparecido en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón tras la reestructuración del Gobierno de Aragón el pasado mes de julio, a petición de la vicepresidenta y consejera de Presidencia y del PSOE, para dar a conocer sus líneas generales centradas en potenciar el uso de la tecnología y la gestión del sistema de asistencia jurídica gratuita.

El director general de Justicia ha destacado el objetivo de «impulsar las relaciones con los diferentes organismos que interaccionan con la Dirección», como el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, entre otros, con el fin de «concretar las necesidades de los diferentes órganos judiciales, aumentar la capacidad de resolución y disminuir así el creciente aumento de asuntos».

Asimismo, Francisco Javier Martínez ha expuesto que la dirección, gestión y coordinación de los servicios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (IMLA) está integrada en la Dirección General de Justicia.

Por otro lado, en relación con el sistema de gestión Avantius, Martínez ha afirmado que su desarrollo y evolución es «una apuesta decidida» porque hoy en día el ciclo de vida del expediente judicial es «totalmente digital».

Sobre los registros civiles, ha avanzado que en la actualidad «se está llevando a cabo el proceso de cambio a la aplicación informática DICIREG» y que están en marcha más proyectos de digitalización; y en relación con la creación del nuevo Juzgado de Primera Instancia número 24 de Zaragoza, Martínez ha mostrado su «intención de reanudar la petición».

Unanimidad en la reclamación de más medios

Desde el PSOE, grupo solicitante de la comparecencia, el diputado Darío Villagrasa ha mostrado su apoyo para que la Administración de Justicia sea «eficaz y lo más rápida posible» y, por ello, no ha olvidado subrayar «el elevado número de vacantes dotadas económicamente, pero que están sin cubrir».

Así, ha propuesto preparar «una serie de programas formativos», sobre todo en el sistema procesal Avantius, «para que todos aquellos que se incorporen cuenten con todos los recursos disponibles».

La parlamentaria popular María Navarro ha resaltado que en Aragón «hace falta más personal y resolver el alto volumen de interinidad» en Justicia y, por lo tanto, «es fundamental que se abra a las nuevas tecnologías y que todos los ciudadanos puedan hacer uso del derecho a la defensa y escuchar las reivindicaciones del sector del turno de oficio», destacando que la Comunidad Autónoma de Aragón «lidera las tasas de resolución junto a Navarra».

El portavoz del grupo parlamentario de VOX, Alejandro Nolasco, ha indicado que «urge la creación de nuevos juzgados» en los partidos judiciales de Alcañiz, Jaca y Barbastro porque «están desbordados» y ha preguntado «si se ha solicitado ya la apertura del Juzgado número 24 de Zaragoza» o «si van a seguir con la subida del siete por ciento anual del turno de oficio de la justicia gratuita».

Por parte de CHA, José Luis Soro ha puesto de manifiesto que el gran problema de la Justicia en España es «la saturación, la carga de trabajo y la falta de personal» y, por ello, ha incidido en «superar el modelo actual decimonónico o será imposible responder a los retos que un servicio público debe ofrecer a los ciudadanos».

Para Joaquín Moreno, de Aragón-Teruel Existe, «el acceso en igualdad» a la Justicia «puede marcar la diferencia para que pueda alcanzar a todos los aragoneses por igual» y, por otra parte, ha solicitado al director que «no cierre ningún juzgado en las cabeceras de comarca y que mantenga y modernice las instalaciones y equipamientos».

Desde el grupo mixto, Alberto Izquierdo (PAR) ha pedido que los servicios de la Dirección General de Justicia sean «con la mayor equidad posible en todo el territorio aragonés», que «se haga un esfuerzo en los Juzgados de Paz pequeños para que tengan una mejor conexión», así como «la digitalización de todos los archivos que hay en los ayuntamientos».