En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, la consejera andaluza ha afeado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que «intentara culparnos a las comunidades» del «fracaso» de la Ley de Vivienda, que «no ha surtido el efecto» que se buscaba --bajar el precio tanto de compra como de alquiler-- y que, por tanto, «debe ser corregida». «La Ley se gestó de espalda a las comunidades, no se nos escuchó y ahora urge retomar el tema» y realizar un «análisis riguroso» tras cumplirse un año de su aplicación.
Así lo ha avanzado Rocío Díaz minutos antes de participar en Madrid en la conferencia sectorial de vivienda y agenda urbana convocada por el Ministerio de Vivienda. Una conferencia en la que todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, harán valer el comunicado conjunto que han firmado para expresar su «rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda».
La consejera andaluza ha sostenido que la Ley de Vivienda ha tenido «efectos nocivos» en el mercado, al fomentar la «retirada de vivienda», provocar «inseguridad jurídica» y «facilitar la ocupación». La responsable autonómica ha asegurado que en Andalucía la Ley «se aplica» pero que hay «preceptos» que «son potestativos de cada comunidad», en alusión a la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los precios.
«Son los ayuntamientos los que solicitan a la comunidad autónoma que quieren declarar una zona tensionada. En el caso de Andalucía, ningún ayuntamiento ha solicitado esta cuestión y, a partir de ahí, nosotros no hemos tenido que decir sí o no a las zonas tensionadas», ha defendido Díaz, que ha dejado claro que desde Andalucía no se es partidario de intervenir en el mercado de la vivienda.
En contraposición a la Ley estatal, la consejera ha explicado que Andalucía está tramitando ya su Ley de Vivienda, a la que ha recibido 35 alegaciones. Con ella, la Junta pretende «facilitar más vivienda asequible» mediante la incorporación de suelo dotacional para hacer construir vivienda; crear áreas prioritarias de vivienda y elaborar un «inventario único» del parque público que hay en toda Andalucía.
La Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco Promotores) ha instado a las administraciones públicas a «declarar la situación de emergencia para asimilar la construcción de vivienda al procedimiento que se usa para otras situaciones de emergencia», caso del ámbito sanitario o en la lucha contra la sequía. Es una de las medidas reclamadas por los promotores andaluces en el marco de la tramitación de la Ley de Vivienda de Andalucía, a cuyo anteproyecto han presentado alegaciones, y de la que destacan que permitirá «una oferta y demanda más equilibrada y eficiente en el futuro».
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