Con la manifestación del pasado 13 de octubre por el derecho a la vivienda como telón de fondo, desde Más Madrid/Sumar se insta a «priorizar la vivienda como un bien de interés social», en concreto en la operación Campamento, donde se contempla la construcción de alrededor de 10.700 viviendas, el 60% de protección pública.
También matizan que las viviendas con algún tipo de protección «estarán sujetas al módulo de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid, el cual presenta dos características preocupantes: en primer lugar, después de 15 años, estas viviendas se privatizarán y pasarán al mercado y, en segundo lugar, los precios de las viviendas protegidas resultan claramente inasequibles», recoge la PNL, consultada por Europa Press.
«La subida de hasta un 56% de los precios protegidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha situado el precio de alquiler de una VPPL de 90 metros cuadrados en 1.440 euros, lo que equivale prácticamente a precio de mercado», han lamentado.
"susceptible de mejoras"
En la PNL, en lo que respecta al suelo residencial, Sumar/Más Madrid defiende que el modelo presentado «es susceptible de mejoras». «El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tiene la oportunidad de orientar este desarrollo urbanístico hacia un enfoque más social, con el objetivo de convertir esta operación en un barrio de vivienda verdaderamente asequible y en régimen de alquiler de impulso público, inspirado en las mejores prácticas europeas, como las de Viena, consideradas referencia internacional», argumentan.
«Es fundamental reconocer y aplicar esta premisa dado que el actual modelo de vivienda protegida en Madrid no responde a la crisis habitacional actual», aseveran en la PNL, donde cuestionan la inversión histórica de «grandes cantidades de suelo y recursos en la construcción de viviendas que, en pocos años, se privatizan».
Según Sumar, esto ha generado «un considerable despilfarro de recursos públicos que ha comprometido el acceso a la vivienda de las generaciones futuras. La política de vivienda debe abandonar el modelo imperante en los últimos 25 años» para poner freno a «las diversas formas de especulación inmobiliaria».
Indican que este cambio recae en la competencia de SEPES y del Ministerio de Vivienda. «Es necesario distinguir entre el cumplimiento de la legislación (estándar urbanístico) y el destino efectivo y precio de venta, alquiler o derecho de superficie que el propietario (SEPES) se compromete a establecer para sus parcelas», han expuesto.
La PNL demanda, por tanto, que se garantice que SEPES emplea los instrumentos a su alcance, como la cesión de derechos de superficie o concesiones administrativas, para garantizar la titularidad pública respecto de su propio patrimonio inmobiliario en los convenios que pueda suscribir con otras administraciones públicas y entidades de suelo con destino a la promoción de vivienda encaminada a la formación de parques públicos de vivienda.
También garantizar en los pliegos de las licitaciones de los suelos en derecho de superficie o concesión administrativa en la fase de edificación que la mayoría de las viviendas sean de alquiler, que todas las vivienda tengan protección permanente, que se haga una rebaja considerable del precio de vivienda protegida para que efectivamente sean sociales y asequibles, que en ningún caso se enajene suelo público y que los pliegos de derechos de superficie se hagan en colaboración con promotores de lucro limitado, cooperativas y empresas públicas de vivienda.
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