Varias personas durante una manifestación por la educación pública, a 21 de noviembre de 2024, en Madrid (España). | Alberto Ortega - Europa Press

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Un total de 5.000 docentes han acudido en la tarde de este jueves, según la Delegación del Gobierno, a la manifestación para exigir una bajada del horario lectivo y de las ratios, la libre elección de jornada, entre partida o continua, y la equiparación salarial con otras comunidades, entre otras cuestiones.

La marcha, que ha recorrido las calles del centro de la capital desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol, ha comenzado a las 17.30 horas, fue convocada por los sindicatos de la Mesa Sectorial (CC.OO., UGT, CSIF y ANPE) a principios de octubre y, semanas más tarde, se unió la Asamblea Menos Lectivas.

La de este jueves ha sido la segunda manifestación en menos de un mes, tras la realizada el 29 de octubre, a la que acudieron 8.000 docentes, según la Delegación del Gobierno. Como ya es habitual en las concentraciones, el verde ha vuelto a ser el color protagonista, ya que buena parte de los asistentes ha acudido con una camiseta de este color en la que se podía leer 'Escuela pública de todos y para todos'.

«18/23, si no nos hacen caso, volvemos otra vez», «con esta ratio, no caben ni en el patio» o «menos horas y más orientadoras», han sido algunos de los cánticos más repetidos a lo largo de la marcha, mientras que las menciones a una educación pública de calidad han proliferado por decenas en los carteles sostenidos por los manifestantes.

La marcha se ha producido en medio de las negociaciones con el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y a unos días de un nuevo encuentro que se producirá el próximo 29 de noviembre.

Los sindicatos, que se han mostrado pesimistas respecto a un acercamiento de posturas, han decidido esperar a que se produzca para ver si convocan o no más movilizaciones. Por su parte, Menos Lectivas ha avanzado que se está planteando aumentar la conflictividad social mediante la convocatoria de una huelga indefinida de los docentes, tal y como han debatido en la reunión de este mediodía a la que han acudido las distintas asambleas de centros que la conforman.

Oferta de la consejería

La propuesta planteada por el consejero a finales de octubre aludía exclusivamente a la reducción del horario lectivo, sin tener en cuenta el resto de peticiones. Y no para todos los docentes, ya que la bajada se ofreció únicamente para los de Secundaria, mientras que los de Primaria e Infantil quedaban excluidos.

Así, el horario lectivo de los profesores pasaría de 20 horas a 19 a partir del curso que viene y llegaría a las 18 horas en septiembre de 2028, momento en el que se recuperaría el horario previo a los cambios de 2011, según recoge la propuesta de Viciana. En Infantil y Primaria se mantendrían las 25 horas actuales, en vez de las 23 que reclaman los sindicatos.

En las declaraciones previas a la marcha, los representantes de los sindicatos han incidido en que la propuesta tiene «poca credibilidad» porque no se incluye en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año que viene.

La representante de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, Teresa Jusdado, ha expresado que «sin inversión en los presupuestos es difícil mejorar las condiciones laborales, que repercuten directamente en la mejora de la calidad de la enseñanza». Una posición que ha compartido el responsable de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González, que ha acusado al consejero de ser «una marioneta del Gobierno regional» y ha instado a la consejera de Hacienda, Rocío Albert, a que ponga «la financiación suficiente para que se solucionen los problemas».

Huelga general de esta mañana

La manifestación vespertina ha culminado una jornada de protesta que se había iniciado por la mañana con una huelga general realizada en las principales ciudades de la región. Las cifras de seguimiento han sido dispares: la Consejería de Educación lo ha cifrado en un 17,8%, un porcentaje que contrasta con el de los sindicatos, que lo han elevado hasta más de un 70%.

Ambas cifras son similares a las de la última huelga general, realizada el 29 de octubre, en la que la Consejería dio el dato del 18%, mientras que las organizaciones sindicales subieron hasta un 70%.

Estas cifras se calculan sin tener en cuenta los servicios mínimos fijados que, según la Orden 4915/2024 publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), deben ser de un maestro por cada 50 alumnos en el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria y de un profesor por cada 90 alumnos en los de Secundaria o ciclos formativos básicos. En los centros que atienden a alumnado con necesidades educativas especiales, se exige un mínimo de un maestro o un profesor por cada 25 alumnos.

Libertad de elección de la jornada

Más allá de la reducción del horario lectivo, otra de las reivindicaciones es mantener la libertad de elección de jornada por parte de los centros, en duda tras el anuncio realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región a mediados de septiembre, en el que se afirmó que los nuevos colegios públicos tendrían, obligatoriamente, la jornada partida a partir del curso 2025/2026.

Una propuesta que el consejero del ramo amplió a aquellos colegios públicos que quieran incorporar primero y segundo de la ESO en sus instalaciones a partir del curso que viene, para los que será requisito obligatorio tener la jornada partida.

En cuanto a la parte económica, los sindicatos reclaman una equiparación salarial con otras comunidades para evitar que los docentes madrileños se marchen. El salario bruto de los profesores de Secundaria de la Comunidad de Madrid en 2023 era de 2.707 euros mensuales brutos, el séptimo más bajo entre las regiones de España, según el informe 'Retribuciones docentes en la enseñanza pública', de UGT. El de los maestros es de 2.390 euros, el noveno más bajo, y el de los de Formación Profesional es de 2.532, el octavo más bajo.

Además de estas exigencias, las organizaciones sindicales piden una bajada de ratios, la dotación de los cupos necesarios para las medidas de atención a la diversidad y un plan de choque contra la burocracia.