«Juan Lobato no va al notario porque sí, va al notario, como no puede ser de otra manera, porque además siendo técnico de Hacienda es consciente de que lo que le pide la jefa de Gabinete de Óscar López (Pilar Sánchez-Acera), es precisamente que utilice ese documento, un documento que viola el secreto profesional», ha valorado el primer edil desde el Palacio de Cibeles.
Considera que lo que tiene que hacer el secretario general del PSOE madrileño es «ir al notario a protocolizar los whatsapps para salvar su propia responsabilidad penal».
Por ello, le ha pedido que hago públicos esos mensajes que ha protocolizado ante notario porque considera que la opinión pública también tiene derecho a conocerlos.
«Ya sabemos que no solo desde la Fiscalía General del Estado, sino desde el propio Palacio de La Moncloa, se filtran documentos confidenciales que violan el secreto profesional», ha apuntado.
Ante ello, el regidor ha señalado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debe dimitir y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocar elecciones por «la decencia y la dignidad que la democracia todavía merece», después de que la UCO haya visto una «participación preeminente» del fiscal general en la «filtración» denunciada por la pareja de Ayuso.
«¿Él conoció a través de la prensa lo que supuestamente decía un documento o conoció a través de Pilar Sánchez-Acera ese documento? Porque esta es la clave (...) La clave es si Pilar Sánchez-Acera desde el Palacio de La Moncloa de cualquier manera le revela el contenido de ese documento e incluso le manda una foto de ese documento», ha destacado, a lo que ha añadido que no puede que al negarse a filtrarlo salva su responsabilidad penal, pero lo que no puede hacer ahora es «encubrir un posible delito».
Por ello, Almeida considera «igual de grave» que el fiscal general del Estado esté siendo investigado por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos, como que desde La Moncloa se pidiera el responsable del PSOE en Madrid «que filtrara ese documento».
«Montar una inquisición paralela a la administración de justicia es incompatible con la democracia, con el Estado de Derecho. Pero así es como lo entiende el Palacio de la Moncloa», ha censurado.
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