La comisión mixta formada por el Ministerio de Fomento y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha decidido rechazar los
cinco proyectos presentados por Balears para acogerse al 1%
cultural para el año 2000. El 1% cultural es un acuerdo por el cual
se destinará a proyectos culturales esta cantidad de todas las
obras públicas que se realicen en el Estado. Con esta decisión,
nuestras Islas perderán más de 500 millones de pesetas en el año
2000 para la rehabilitación de patrimonio histórico y cultural.
Los proyectos que han sido rechazados por el Gobierno Central
son la rehabilitación del Teatre Principal de Inca, la del Teatro
Defensora Sollerense, la reforma del antiguo convento de Montisión
de Pollença, el proyecto de actividades clasificadas para el Teatre
del Born de Ciutadella y la reforma del entorno urbano de la
estación de Manacor. En el escrito de Ministerio de Fomento enviado
a la Conselleria de Cultura para avisarles de que se había
rechazado su petición se explican las causas de esta decisión. En
este documento se asegura: «teniendo en cuenta las actuales
disponibilidades presupuestarias, se acordó no incluir la propuesta
presentada en la programación económica del presente
ejercicio».
Tal y como aseguró ayer el director general de Cultural del
Govern balear, Pere Muñoz, está decisión «afecta muy negativamente
a estos proyectos de rehabilitación, ya que en algunos casos no
podrán llevarse a cabo o deberán modificarse las condiciones».
Muñoz se mostró también contrariado por el retraso en que se ha
avisado de la negativa de incluir los proyectos de Balears en el 1%
cultural, ya que la reunión se realizó el 20 de septiembre de 2000
y el acuerdo no se notificó al Govern balear hasta el pasado 13 de
diciembre de 2000.
Pere Muñoz cree que esta negativa a subvencionar los proyectos
de Balears es fruto de «una decisión política». De hecho, la
comisión mixta entre el ministerio de Fomento y el de Cultura
estuvo presidida por Francisco Àlvarez Cascos, ministro de Fomento,
que ha visto en ella un importante instrumento político en el que
pretende marcar las directivas.
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