Los arqueólogos de Balears han encontrado el apoyo de los
especialistas del Estado, que han acordado redactar un protocolo
donde se reafirman en la necesidad de trabajar en el consenso para
encontrar herramientas de protección del patrimonio.
Trabajar en el marco legal a fin de que las excavaciones
arqueológicas se lleven a cabo previamente a la concesión de la
licencia y al inicio de las obras y elaborar un documento para
consensuar la redacción de los informes técnicos son las
principales medidas que se acordaron en Madrid, dentro del marco
del XII Encuentro Estatal de Secciones y Comisiones de Arqueología
de los Colegios Oficiales y de los Arqueólogos Profesionales del
Estado.
En este encuentro, Ferran Tarongí y Josep Merino, presidente y
vicepresidente respectivamente de la Secció Arqueol·lògica del
Col·legi Oficial de Balears, coincidieron con el resto de expertos
en la necesidad de consensuar a nivel de Estado herramientas de
protección del patrimonio.
En este sentido, la principal medida que quiere adoptarse es
informar a las instituciones de las islas y a los órganos de
gobierno del resto de comunidades autónomas de la necesidad de que
las excavaciones arqueológicas deberían realizarse previamente a la
concesión de la licencia y al inicio de las obras. Aunque este
acuerdo se hace extensivo al resto de comunidades autónomas, en
palabras de Tarongí, «los arqueólogos reconocieron como una
situación totalmente excepcional la realidad que se vive en la
actualidad en Mallorca, donde la concesión y las obras se hacen
antes o paralelamente al trabajo científico como es el caso de Sa
Calatrava», señaló.
Según explicó el presidente de la Secció Arqueol·lógica del
Col·legi Oficial, esta condición habría de «reunirse en un plan
especial de las ordenanzas municipales y tendría que reflejarse,
asimismo, en el Decret d'Intervencions Arqueol·lògiques i
Paleontològiques».
En lo que concierne al segundo acuerdo, la elaboración de un
documento para consensuar la redacción de los informes técnicos,
los arqueólogos buscan una fórmula para evitar la
instrumentalización de estos informes. «Esto significa que
cualquier opinión del arqueólogo quedará al margen de lo que es el
discurso técnico, que tiene que ir siempre orientado a la
protección del patrimonio».
En el marco de este encuentro, la Secció d'Arqueol·logia del
Col·legi Oficial de Balears propuso también un curso de arqueología
de urgencia a nivel estatal, que se realizará a través de una
plataforma digital. Este curso, que se dirigirá desde Palma,
tendría como principal objetivo «vehicular todo lo que estamos
consensuando en la actualidad tanto profesionales como
arqueólogos», y, según Ferran Tarongí, podría ponerse en
funcionamiento el próximo 2005.
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