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MARIANA DÍAZ La Conselleria de Cultura «estudia la viabilidad» de que vuelva a ser la de Habitatge i Obras Públiques la que gestione las subvenciones del Govern a la rehabilitación del patrimonio histórico de la Diócesis. ¿La razón? La intolerancia del convenio firmado el 30 de junio de 2006 por el entonces Ejecutivo de Jaume Matas y el Obispado.

Dos son las formas en que el poder civil, en este caso encarnado en el Govern, colabora con la Diócesis de Mallorca en la rehabilitación de su patrimonio arquitectónico histórico. Por un lado, el citado convenio, por el cual se concretó que las rehabilitaciones se fueran pagando según se certificaran los finales de obra, que un técnico del Govern debe revisar. El problema surge por la lentitud en hacer efectivos los pagos, según han confirmado tanto desde la Diócesis como desde Cultura.

Hasta el 2006, «este tema lo llevaba la dirección general d'Arquitectura i Habitatge, y en la pasada legislatura se cambió, aunque no se sabe el motivo», confirman en el Govern.

Para los actuales responsables de la Conselleria de Cultura, lo natural es que el proceso se lleve desde Habitatge «porque ellos cuentan con los medios y los técnicos especialistas en patrimonio, Cultura no tiene la infraestructura adecuada y lo que quiere es dar celeridad a la tramitación de las certificaciones de obras, indispensables para hacer los pagos».

La Diócesis tiene pendiente de la resolución de este conflicto varias restauraciones de las que considera mayores, como las que afectarán a la puerta de la Almoina de la Seu, a la iglesia de Santa Eulalia y la de la Santa Creu de Palma, la de Pina y la de la Soledad de Santa María.

Según apuntan desde el Govern, este convenio de 2006 para el patrimonio arquitectónico histórico de la Diócesis, el Bisbat concerta una o varias operaciones de préstamo, se ejecuta la obra y el Govern, después, envía un técnico para certificar el fin de la misma y proceder al pago.

Si bien ambas consellerias «estudian la viabilidad jurídica para hacer el traspaso de competencias», lo que daría «agilidad» al procedimiento, Bartomeu Bennassar, aparejador diocesano, comentó ayer que «nosotros no sabemos nada, para nosotros todo depende aún de Cultura». Y eso, de momento, significa que «siempre hemos tenido problemas para cobrar la subveción, desde que la cosa se fue a Cultura todo ha ido muy lento, este convenio nunca ha funcionado bien».

Por otra parte, existe otro tipo de subvención del Govern para rehabilitación, a la que también puede acceder el patrimonio eclesiástico. Precisamente ayer finalizó el plazo de presentación de proyectos de obra para la convocatoria de este año. Esta ayuda cubre el 75 por ciento del coste de la obra hasta un máximo de 300.000 euros y tienen preferencia los edificios Bien de Interés Cultural (BIC) o catalogados, que en el caso de los eclesiásticos son casi todos. «Estamos muy agradecidos por estas ayudas, pero, según qué obras, la cantidad es muy baja y una tercera o cuarta parte ya se va en andamiaje», dijo Bennassar. Otro de los problemas con los que se encontró el equipo de arquitectos diocesanos, «que también se lo habrán encontrado los ayuntamientos que se hayan acogido a la subvención», fue «la falta de tiempo para redactar los proyectos, dos meses», ya que esta vía de subvención se oficializó el pasado 14 de enero.