Bea Roselló16/04/14 0:00
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Fernando Ferré Cardó (Santes Creus, Tarragona, 1945) creó de la nada el Grupo Playa Sol, el mayor imperio hotelero de Eivissa. Hoy, el empresario, que llegó a contar con 56 establecimientos y más de 10.000 camas, se encuentra en prisión, condenado a un total de siete años de cárcel por catorce delitos contra las haciendas públicas y diferentes delitos contra el derecho de los trabajadores. Hoy, el Grupo Playa Sol, en concurso de acreedores, podría ser vendido en su conjunto con el objetivo de salvar el mayor número posible de puestos de trabajo.

Ferré llegó a la isla en los años 60 y ya en los 70 montó su primer negocio, la embotelladora Agua de Benirràs, que más tarde fue declarada de utilidad pública. Poco después, Ferré empezó su andadura profesional en el sector turístico. Y fue imparable. En dos décadas convirtió su empresa, Grupo Playa Sol, en todo un imperio al ser la que más plazas comercializaba de toda Eivissa: más de 10.000 camas repartidas en 56 establecimientos. Esto venía a ser un 13,2% de las plazas turísticas existentes y el 8,6% de los establecimientos.

El empresario expandió el logo de su empresa a lo ancho y largo de la isla, y fuera de ella. Adquirió hasta cerca de medio centenar de establecimientos a familias ibicencas dedicadas durante los años 80 y 90 a la explotación de plazas turísticas. Pero esa carrera turística se truncó. En 2006, el empresario fue detenido por la Policía Nacional después de que la Inspección de Trabajo realizara una gran operación en las obras de reforma que se estaban llevando a cabo en los hoteles S'Estanyol y Sant Remo, en Sant Antoni. En aquella ocasión se sorprendieron a 32 inmigrantes, la mayoría de ellos rumanos, sin papeles. Estos declararon que habían pactado cobrar 3,22 euros la hora en jornadas que se prolongaban de sol a sol. Tres años después, Ferré Cardó, que siempre alegó ser una víctima de las persecuciones sindicales y de las inspecciones de trabajo, fue condenado a dos años de prisión, que jamás cumplió por no tener antecedentes penales.

Lejos de amedrentarse, Ferré Cardó continuó con su imperio hotelero. Ninguno de los directivos de los establecimientos hoteleros eran ibicencos y todos jóvenes, muy jóvenes, que a duras penas superaban la treintena de años.

En solo dos años, de 2007 a 2009, el Consell d'Eivissa multó a Grupo Playa Sol con sanciones administrativas que sumaban los 300.000 euros por infracciones turísticas que nunca llegó a solventar y muchos menos abonar. Eso le llevó a ver alguno de sus hoteles precintados en plena temporada turística, precinto que al cabo de las horas también infringió, rompiéndolo.

ASALTO AL IMPERIO. Tras años de tropelías y de fechorías, fue a finales de mayo de 2010 cuando se dio el pistoletazo de salida para acabar con todo este entramado de ilegalidades del grupo. Se trataba de la llamada ‘Operación Trueno'. Una quincena de especialistas de la Agencia Tributaria, agentes del Cuerpo Nacional de Aduanas, bajo la supervisión de los fiscales anticorrupción, Miguel Ángel Subirán y Pedro Horrach, y de una comisión judicial del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, comenzó el 29 de mayo de aquel año el asalto definitivo al cuartel general de Ferré. Es decir, a la sede de GPS. Se trataba del arranque de la investigación que ha concluido ahora con una pena para el empresario de siete años de cárcel y una multa de once millones de euros.

En el juicio, celebrado el pasado 31 de marzo, también se sentó en el banquillo de los acusados quien fuera su mano derecha y contable, Josep Oller. Este se enfrentaba a una pena de 18 años y dos meses, pero finalmente aceptó un acuerdo de conformidad de catorce meses de prisión. Además, también aceptó otra multa de once millones de euros y otra sanción por igual cuantía como responsabilidad civil, otros once millones de euros a los que deben hacer frente de forma solidaria entre Ferré y el contable. Esto supone que, estos últimos once millones de euros deberán ser abonados por Grupo Playa Sol, en el caso de que estos dos condenados se declaren insolventes.

Por su parte Fernando Ferré fue imputado por catorce delitos contra la Hacienda Pública Estatal y Autonómica, y tres delitos más contra los derechos de los trabajadores. Además contaba con una trama de fraude fiscal con establecimientos en Eivissa, Mallorca y Praga, y utilizaba más de 300 sociedades diferentes, que cambiaban constantemente de domicilio para no tener que ingresar las cuotas al Impuesto de Sociedades ni el IVA. El Ministerio de Hacienda desveló que el empresario adquirió en la última década hasta 40 establecimientos con un valor de mercado de cerca de mil millones de euros y el fraude ascendía a más de 14 millones. Para estas compras se constituyó un alto número de sociedades participadas por otras andorranas, que aportaron elevadas sumas de divisas para la financiación.

El grupo contaba con un volumen de negocio, según los touroperadores, cercano a los 36 millones de euros anuales. Sin embargo, no ingresó cuota alguna correspondiente al Impuesto de Sociedades ni al IVA. En el primero de los casos, Ferré defraudó unos 7,5 millones y otros siete con el IVA. A estas cifras hay que sumarles las multas que se le atribuyen a Ferré por los delitos que se le imputan por lo que la fianza civil impuesta rondó los 80 millones, hecho por el que se le embargó todo el patrimonio que tenía, entre ellos los hoteles.

LA CAÍDA. El imperio Ferré empezaba ya a dar signos de debilidad en 2010 a pesar de querer evitarlo. Y es que el mismo día del registro en la sede empresarial, los investigadores sorprendieron a su hijo y mentor destruyendo documentación en el sótano de la vivienda familiar. En junio de 2010, el empresario entró en prisión después de varios intentos de evitarla acusando ingresos hospitalarios. Un mes después salía de ella con la prohibición de acercarse a sus empresas. La salida del centro penitenciario tampoco fue usual, al hacerlo escondido en la parte trasera de un vehículo que no contaba con la autorización correspondiente para entrar en la prisión, según informaron más tarde fuentes del ministerio.

CAMBIO RADICAL. A partir de aquí la empresa Grupo Playa Sol tomó un nuevo rumbo. Y es que el juzgado impuso a Javier Perelló, antiguo colaborador de Ferré, como administrador judicial, y al economista Salvador Fornés, como coadministrador. Estos tenían como objetivo reflotar la empresa, buscar su viabilidad, saldar deudas con proveedores y pagar los créditos contraídos con diferentes entidades bancarias, en especial con Banco Popular.

En mayo de 2011 el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, Santiago Pinsach, acordó aprobar el contrato de gestión a favor de la empresa capital de riesgo Hiperion Management, descartando así la oferta presentada por la defensa de Ferré, BDO, con el objetivo de “garantizar la supervivencia de la empresa”.

Dos años después y visto que las deudas no se han acabado de liquidar, en enero de 2013 los administradores judiciales de Grupo Playa Sol presentaron en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma el mayor concurso voluntario de acreedores de la historia, con los objetivos de refinanciar una deuda con las entidades bancarias e instituciones públicas que se estiman en los 360 millones de euros y salvar los puestos de trabajo de 1.300 personas.

La documentación presentada en el juzgado, 150.000 folios y 520 pendrives, representa la misma carga de trabajo que entra en un juzgado de lo Mercantil de Palma en dos años y medio.

Actualmente, la sociedad interconcursal (que se encarga del concurso de acreedores) se encuentra estudiando las diferentes propuestas de algunas empresas interesadas en la compra de la empresa. Por el momento están el propio grupo Hiperion y la cadena mallorquina Blue Sea Hotels. El objetivo es vender toda la compañía en bloque con el fin de reflotarla de una vez por todas.