Todos estamos en los últimos tiempos acostumbrados a escuchar a los actores políticos presentes y a los que aspiran a ocupar un cargo político la frase “cuando lleguemos someteremos a auditorías profundas la gestión de….”. Teniendo en cuenta que este 2015 está cargado de citas electorales, este anuncio es constante en los que han llegado al poder en el ámbito local y autonómico, y está siendo un mensaje electoral de los que están aspirando a alcanzar responsabilidades públicas en el ámbito estatal.
Lo lamentable es que este anuncio lo están utilizando como una amenaza, como algo extraordinario. Una herramienta básica para la mejora de la transparencia y la gestión en el sector tanto público como privado es que exista un control económico-financiero. Este control se puede materializar de forma interna, que es llevado a cabo por un órgano que forma parte de la propia entidad, y de forma externa, que es realizado por personas o instituciones especializadas, cuya independencia está garantizada por la no pertenencia ni vinculación a esa organización.
El instrumento más relevante en manos del control externo es la auditoría. En el sector público permite comprobar que la gestión de los cargos públicos y de los responsables de la utilización de fondos públicos se ajusta a las normas vigentes y a los criterios de eficacia, economía y eficiencia que exigen la legislación y la ética.
Mientras que el sector privado y sus empresas someten sus cuentas anuales a control externo vía auditoría al alcanzar una determinada dimensión o por ser entidades de interés público ( bancos, cotizadas…), los entes públicos solo son auditados en la medida que los organismos públicos de control externo (intervenciones generales, Tribunal de Cuentas estatal o sus equivalentes autonómicos) puedan con sus limitados medios realizar esas auditorías. Según estudios recientes, menos del 10 % de los entes públicos españoles rinden sus cuentas con informe de auditoría, y el control externo del Tribunal de Cuentas y de las Instituciones de Control Externo autonómicas tampoco emiten informes específicos sobre cada entidad, salvo supuestos determinados, por lo que un porcentaje elevadísimo permanece sin auditar un ejercicios tras otro. La forma más adecuada de intensificar la práctica de la auditoría en el sector público es promover una regulación específica que, teniendo en cuenta las competencias de las instituciones de control, regule la frecuencia, la financiación, el alcance y otros elementos claves de las auditorías de las diferentes entidades integrantes de los sectores públicos estatal, autonómico o local, cualquiera que sea su régimen jurídico, presupuestario y contable.
Este tipo de regulación favorecería claramente la transparencia de las cuentas públicas, reforzando así las tareas que actualmente vienen desarrollando los órganos de control externo que tienen asignada esta función en el marco legal vigente. No obstante, resulta evidente que una plena aplicación de la auditoría obligatoria para determinados entes públicos no sería asumible con los recursos de que disponen dichos órganos de control externo y, por tanto, se haría imprescindible la colaboración con firmas de auditoría privadas.
Promover una regulación de la auditoría pública constituiría un paso muy significativo en el fortalecimiento de las instituciones públicas y contribuiría a mejorar la confianza de los ciudadanos y de los inversores. Por todas estas razones, durante la próxima legislatura, el Gobierno, sea del color que sea, debería promover un amplio consenso que, con el apoyo de todos los grupos, permita su aprobación. En sus manos está, y de esta manera sí que demostrarían que están por la labor de la transparencia, la ética y la rendición de cuentas.
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