La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, califica este impuesto de “error” ya que “supondría un recorte a la competitividad de nuestra economía”. La CAEB se pone a “disposición” del Govern para consensuar un plan de competitividad global. El máximo responsable de la CAEB en Menorca, Joan Melis, coincide con Planas y añade que con una subida de impuestos “no se mejora la economía ni se crea empleo”. Desde la CAEB Eivissa, Joan Bufí, asegura que “a no ser que se recaude en los puertos y aeropuertos será un impuesto totalmente injusto”. Esta injusticia, según Bufí, se debe a que si se cobra en los establecimientos turísticos “no todos la pagarán”. “Si consideramos que hay un 30-40% de oferta ilegal, ¿qué pasará si además hay este impuesto? Parece un castigo a aquellos turistas que se alojan en los establecimientos tradicionales”, argumenta.
El presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Josep Lluís Roses, también se muestra contrario a “cualquier impuesto nuevo, o aumento de los existentes, por incidir negativamente en la competitividad”. Aun así reclama que en caso de aplicarse “debería ser pagado por todos los visitantes, no solo los huéspedes hoteleros”, recalca.
La imagen que se proyecta internacionalmente es otro de los argumentos. El delegado de Anged Balears, Francisco García, se muestra en desacuerdo con la implantación “de todos los impuestos en general”. “Cuanto más se grave al ciudadano, menos consumirá”.
Por su parte, Antoni Abrines, presidente de Aviba, asegura que los agentes de viajes se verán afectados negativamente. “Balears es un destino de sol y playa, no somos un destino de ciudad como puede ser Barcelona. En nuestro caso, si una familia viene una semana afectará al bolsillo del turista y es posible que cambien de destino por uno similar al nuestro sin impuestos”, argumenta.
En términos muy similares se postula el presidente de la Associació d'Agroturismes de Balears, Miquel Artigues, quien asegura que el actual momento de auge es “un turismo prestado” debido a la mala situación política en destinos competidores como Grecia o Turquía. “Si tenemos en cuenta esta situación, creemos que la aplicación de una tasa no es nada oportuna”, asegura. “Lo que debería hacer el Govern es conseguir una mejor financiación”, añade Artigues que mantiene que en caso que se aplique este debería ser “finalista”. Es decir, que se reinvierta directamente en el entorno.
El presidente de la Asociación Balear de la Empresa Familiar, Rafel Salas, sigue en la misma línea al argumentar que no se puede gravar la llegada de turistas. “Ya nos mostramos a favor de una reducción del IVA turístico”, recuerda y reclama al Govern que se “consensúe con todo el sector”.
Consenso con todos los agentes es también el argumento del presidente de la FEBT, Rafael Roig. “La federación tiene una postura contraria a la presión fiscal ya que puede perjudicar la competitividad”, añade. Roig reclama una mayor financiación, igual que Carme Planas. Por su parte, el director de Asima, Alejandro Sáenz de San Pedro, rechaza la nueva ecotasa ya que “este sistema es el más ineficiente para mejorar el medio ambiente”.
El presidente de la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome), Luis Pablo Casals, lamenta que “no saben el daño que van a hacer”. Aun así, explica que dentro de la asociación hay empresarios con opiniones van desde el no al impuesto turístico al sí con condiciones: “Queremos estudiar lo que nos presenten, de momento no nos han dando ninguna propuesta, y también queremos que nos escuchen y tengan en cuenta la realidad del negocio”.
Por su parte, el presidente de la Federació hotelera de Eivissa y Formentera, Juanjo Riera, recuerda que ya en julio la Federación se postuló en contra. “Nos opusimos a la regularización de pisos y apartamentos en edificios residenciales y a la ecotasa”, explica. “Ahora se regala un uso turístico a viviendas residenciales y luego se quiere aplicar la ecotasa. Parece una encerrona”, confirma.
A FAVOR. Entre los partidarios de la aplicación del impuesto turístico encontramos al presidente de Aevab, Ramon Reus, que matiza que no se muestra contrario siempre que se aplique “con igualdad”. Reus apunta que el impuesto debe aplicarse en puertos y aeropuertos y “gravar a todos por igual, para ser más justo como hacen muchos otros destinos turísticos”, añade.
También desde la Asociación de Alquileres Turísticos, Aptur, aseguran que están a favor de un impuesto de estas características “siempre que sea finalista”, explica la gerente Irene Perelló. Reclaman que el Govern explique claramente en qué se invertirá la recaudación, sus finalidades y cómo se va a aplicar. “Cuando una persona sabe por qué está pagando un impuesto y ve cómo repercute en el entorno es mucho más fácil que se acepte”, explica Perelló mientras añade que se debería evitar los grandes “debates sin contenido”.
El presidente de l'Associació de Petits Cellers, Andreu Oliver, es otro de los empresarios partidarios del gravamen. Lo tilda de “necesario”, ya que debe servir para compensar el “gasto en servicios públicos y medio ambientales que genera el turismo, y que son sufragados por todos”. También de esa opinión es Bartomeu Rosselló, presidente del Cercle Mallorquí de Negocis, que, a título personal, está convencido de que los turistas no dejarán de venir por el impuesto. El Cercle está elaborando un mensaje conjunto al respeto. Rosselló es contundente con el sector hotelero: “Si las grandes cadenas baleares distribuidas por todo el mundo, en un 80% de los países donde están, pagan impuestos turísticos, ¿por qué lo rechachan en su tierra natal?”.
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