La Ley 6/2017 modificó la Ley 8/2012 de Turismo de Balears, por lo que ahora los propietarios también son responsables junto a las entidades o plataformas comercializadoras, y las sanciones para los dueños por alquilar pisos particulares a turistas pueden llegar a 40.000 euros, cantidad que se eleva hasta los 400.000 euros en el caso de las plataformas comercializadoras de estos alquileres ilegales.
BATIDAS CONJUNTAS. Para poder hacer más efectivas las labores de inspección de estos pisos, el Consell d'Alcaldes de toda la isla acordó un protocolo entre ayuntamientos y Consell d'Eivissa para que ambas administraciones trabajen conjuntamente en las labores de inspecciones.
Fruto de este acuerdo, se han puesto en marcha este verano las batidas conjuntas entre policías locales e inspectores del departamento de Turisme. “Hacemos una valoración muy positiva de estas batidas conjuntas; es un trabajo que aún no está cerrado. Es una labor muy intensa de búsqueda, localización, investigación, determinar quién es el comercializador... Mirando el anuncio no es suficiente porque ponen direcciones falsas, nombres falsos y no dicen quiénes son los propietarios. Nosotros tenemos la posibilidad de acceder al registro de la propiedad. Se está haciendo un trabajo muy bueno”, destaca el director insular de Turisme de Eivissa.
El hecho de que vaya la Policía Local con los inspectores ha “favorecido y facilita mucho la labor”. En cuanto a las ‘zonas calientes' donde se concentra la mayor parte de oferta ilegal, Ferrer destaca la bahía de Portmany, Platja d'en Bossa, el paseo marítimo de Eivissa y la avenida 8 d'Agost. La máxima institución insular de Eivissa, además, abrió hace tres años un buzón de denuncias (inspeccio.turisme@conselldeivissa.es): “Este año ha funcionado mucho mejor que el anterior; hemos recibido muchas denuncias que han permitido abrir expedientes”.
Sobre si las batidas contra el alquiler turístico y el buzón de denuncias han conseguido reducir la oferta ilegal, el director insular de Turisme asegura que sí: “El resultado que hacemos en líneas generales es bastante positivo. Frontur dio a conocer un dato en el mes de agosto muy interesante y es que había en ese mes un 24% menos de oferta de alquiler de pisos a turistas en Eivissa. Se está reduciendo la oferta; nos tenemos que basar en datos como los de Frontur porque es prácticamente imposible que nosotros podamos cuantificarlo”.
El año pasado se abrieron 344 diligencias previas, de las cuales 73 acabaron en expedientes sancionadores iniciados. El Consell d'Eivissa tiene un periodo de un año para iniciar las sanciones leves, dos años para las graves y un total de tres para iniciar las sanciones muy graves, según recuerda el director insular de Turisme.
A fecha de 11 de septiembre de este año se han abierto 325 diligencias previas, de las cuales 150 eran contra oferta de alojamiento, y estas diligencias han dado lugar a 52 expedientes sancionadores iniciados. El trabajo de este año aún no ha cesado ya que aún continúan rastreándose webs, según destaca Ferrer.
De cara a este invierno, precisamente, el “objetivo número uno” será seguir investigando los anuncios a través de las webs comercializadoras “porque hay anuncios que persisten”. Además actualizarán el plan de inspección y “el principal objetivo seguirá siendo la lucha contra el intrusismo”.
El departamento de Turisme del Consell d'Eivissa cuenta con seis inspectores, de los que tres están haciendo expedientes de instrucción. “Hemos mejorado un poquito e intentaremos que de cara al año que viene podamos tener más plantilla de inspectores porque la Ley Montoro sigue vigente; se está valorando cómo se podría incrementar la plantilla pese a las restricciones que marca esta ley”, precisa Ferrer, quien lanza un mensaje muy claro: “La gente se tiene que mentalizar de que estamos abriendo expedientes sancionadores a propietarios y lo seguiremos haciendo”.
La Federación Empresarial Hotelera de Eivissa y Formentera (Fehif) agradece las inspecciones y la labor que están haciendo las administraciones, así como el hecho de que los ayuntamientos y el Consell d'Eivissa se hayan puesto de acuerdo en prohibir el alquiler de pisos particulares a turistas.
“Vemos que hay una buena voluntad en acabar con este problema y agradecemos que vayamos todos a una. Sabemos que no es fácil controlar un problema así, que, además, está extendido por todo el mundo, pero pensamos que hay pocos recursos en Eivissa para combatir el alquiler de pisos a turistas. No puede ser que el departamento de Turisme tenga seis inspectores. Están muy bien las batidas y las inspecciones que hacen, pero tendría que ser cada día. La administración tiene que poner más recursos para controlar esta práctica”, explica Ana Gordillo, presidenta de los hoteleros pitiusos, quien asegura que los turistas se fían de los canales comercializadores donde se mezclan hoteles y pisos particulares y, por tanto, no distinguen si están alquilando algo legal o ilegal.
Es entonces cuando en el destino, en este caso Eivissa, se encuentran con problemas como que el piso no existe o la realidad no se corresponde con las fotos, por ejemplo. “Se está creando una ‘bola' que tendrá como peor parado el destino turístico Eivissa. Es un problema que ya está afectando a la imagen de la isla”, señala Gordillo, quien recuerda que en los últimos años se ha constatado que el alquiler de pisos a turistas ha disminuido los alquileres de pisos anuales, lo que genera “un problema social”.
La presidenta de la patronal hotelera recuerda que los hoteleros trabajan “en defensa y beneficio del destino Eivissa”, que pagan impuestos y que trabajan “codo con codo con las administraciones para que el cliente se vaya con las mejores sensaciones posibles de nuestra isla”.
INCAPACIDAD. Una visión muy distinta tiene Naihara Cardona, presidenta de la Asociación Soluciones Legales para Todos, quien asegura que las instituciones no están haciendo lo suficiente para combatir este problema. Esta asociación se creó con tres objetivos muy claros: informar a la gente sobre el alquiler turístico, denunciar la “inactividad de la administración” y, en tercer lugar, ofrecer cobertura legal tanto a propietarios como inquilino cuando se producen abusos: “Se habla poco, pero también existen inquilinos que no pagan y destrozan los pisos”.
El objetivo global es, según cuenta su presidenta, crear “una sociedad equilibrada para todos”. El principal problema radica, según explica Cardona, en el realquiler. Personas, muchas de ellas de nacionalidad italiana, que llegan a Eivissa a principios de año, alquilan varios pisos a los precios marcados por los propietarios y, en verano, se dedican a realquilarlos a turistas por días el piso entero o bien por habitaciones y días a precios desorbitados.
“El problema real que tiene Eivissa es este, el realquiler; luego hay propietarios que son conscientes de que se está realquilando su piso, pero como han tenido malas experiencias anteriores de gente que a lo mejor no pagaban, pues lo consienten. Insisto mucho en que hay que proteger a los propietarios porque son ellos los que tienen a disposición las viviendas para todo el año”, explica Cardona, quien tiene claro que “las instituciones no están haciendo nada”, principalmente, por “incapacidad”. “Creo que no saben cómo abordar realmente el problema”, asegura.
Cardona se ha reunido en varias ocasiones con el director insular de Turisme, así como con la consellera de Vivenda, para ofrecerles alternativas: “Una sería hacer un contrato de obra menor por el que se podría hacer una acción concreta; no se puede externalizar el procedimiento de inspección y sanción, pero esto no da trabajo sino el trabajo de investigación y esto es lo que no saben hacer. Hay informáticos profesionales que saben investigar todas estas cosas.
La segunda opción es que se abra una línea de subvención y que nosotros podamos hacer este trabajo y la tercera que saquen una licitación de 100.000 euros para que las empresas presenten un proyecto y se lo lleve el mejor. Siempre digo que el modelo perfecto ya existe y es el de la zona azul, el ayuntamiento pone la multa, pero el trabajo y la inspección lo hace una empresa privada”, dice la presidenta de Soluciones Legales para Todos.
