Encontrar un piso en Eivissa para alquilar a un precio asequible sigue siendo, a pesar de crisis provocada por la pandemia, misión casi imposible. La mayor de las Pitiüses, y más concretamente el municipio de Vila, ocupa desde hace varios años los primeros puestos en los rankings elaborados por los portales inmobiliarios con los alquileres de vivienda más caros del país. Uno de ellos, Fotocasa, colocaba a Vila el pasado mes de noviembre como el tercer municipio de España con el precio del alquiler más caro, con 15,33 €/m2 al mes, solo por detrás de San Sebastián (15,86 €/m2) y Barcelona (15,69 €/m2).
Un precio, el de la ciudad de Eivissa, que en doce meses, y con la crisis del coronavirus de por medio, había sufrido una bajada del 15,8%. Por otro lado, si nos basamos en datos oficiales, el alquiler en la capital ibicenca no sería tan caro. Según el Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que utiliza fuentes tributarias para su elaboración, el precio medio en Vila es de 10,80 €/m2, lo que suponen alrededor de 800 euros mensuales.
Una de las acciones que las administraciones públicas han puesto en marcha para facilitar el acceso a viviendas de alquiler en Eivissa ha sido la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). En estos momentos, en el municipio de Vila hay en marcha cuatro promociones con una inversión de casi 15 millones de euros por parte del Ibavi y que supondrán la puesta en el mercado de 97 VPO más. Dos de estos edificios se levantarán en Platja d'en Bossa (con 24 y 43 VPO cada una), otra en s'Hort del Bisbe (19 VPO) y otras 11 en sa Penya. Unas promociones que empezaron a construirse entre finales de 2019 y principios de 2020 y que se espera que la entrega de las llaves de los nuevos pisos sociales se lleve a cabo a principios de 2022.
De esta manera se pondrá fin a la sequía de una década sin nuevas viviendas sociales en Eivissa, isla donde el Ibavi gestiona actualmente 74 VPO. Sin embargo, en el listado de demandantes de viviendas sociales del Ibavi en Vila y Sant Antoni, los dos municipios de la isla donde hay VPO, aparecen 1.991 solicitudes (20 de ellas de personas con movilidad reducida) y 669 (12 de movilidad reducida), respectivamente. Por lo que el centenar de viviendas que el ente dependiente del Govern balear tiene ahora en construcción son del todo insuficientes, vista la gran demanda.
VIVIENDAS VACÍAS. Según Aitor Morrás, segundo teniente de alcalde de Vila y responsable del área de Vivienda de la ciudad, el “principal problema” en la crisis habitacional es la poca oferta de pisos de alquiler en el mercado. “En nuestra ciudad tenemos casi 24.000 unidades catastrales de uso residencial, en las que 6.000, una cuarta parte, no hay nadie empadronado. Esto quiere decir que algunas son segundas residencias, otras se alquilan a turistas y otras están vacías”.
Morrás, que milita en Podemos y fue diputado autonómico en la pasada legislatura, tiene claro que el alquiler de viviendas a turistas “es el que está tensionando el mercado” y que si buena parte de estas viviendas además de las que están vacías se pusieran en el mercado del alquiler “no haría falta construir más viviendas”.
El Ayuntamiento de Eivissa ha presupuestado una partida para este año con el propósito de elaborar un estudio y conocer en qué situación se encuentra cada vivienda del municipio. Vila también ha previsto para este año medio millón de euros en ayudas al alquiler que, además, podrían añadirse a las que pueda otorgar el departamento de Bienestar Social con motivo de la pandemia de coronavirus.
MÁS OFERTA. El Ibavi y Vila están a punto de firmar un convenio para la cesión de otro solar. En este caso, sobre el terreno en el que se levantaban las antiguas viviendas sociales de Santa Margarita que Franco inauguró en 1955, se podrían construir cerca de medio centenar más de VPO en pleno centro de la ciudad.
Además, otro de los proyectos pendientes es la urbanización de Ca n'Escandell, donde está previsto un gran parque urbano y la construcción de alrededor de 530 VPO a cargo del SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo), dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y cuyo proyecto se encuentra en plena redacción.
