A los actuales gobiernos -incapaces de realizar las reformas económicas estructurales que el escenario global reclama- les ha resultado más sencillo apelar a crédito ilimitado de los bancos centrales. Es ahí donde hay que buscar el origen de la inflación. Ahora, además, la crisis de la gestión de la pandemia les ha cogido con el pie cambiado añadiendo más leña al fuego.
Ciertamente, los responsables del proceso inflacionista no son quienes suben los precios, sino quienes envilecen el dinero por su impresión excesiva. Más dinero, por sí mismo, no genera más riqueza, y puede llegar a tener efectos destructivos al dificultar el cálculo económico, ya que los precios constituyen un sistema de comunicación que permite compartir la información económica más relevante de forma descentralizada. Si ese sistema se distorsiona por el cambio de valor de la moneda, la economía no puede funcionar.
La inflación también supone una redistribución de renta desde los ahorradores a los deudores. Los gobiernos que acumulan una deuda enorme son los principales beneficiados por este fenómeno. Al tiempo que aquellos que se hayan esforzado en ahorrar para hacer frente a eventualidades se convierten en los grandes perdedores. Lo que, a su vez, pone en riesgo el crecimiento futuro.
Ahora la pregunta es ¿son coyunturales los actuales repuntes inflacionarios, o nos pueden retrotraer a la década de los 70?
Si la inflación es puntual se convierte en una simple transferencia de renta, como un nuevo impuesto antidemocrático (sin aprobar en el Parlamento) al ahorro. Si, por el contrario, la política económica continúa siendo acomodaticia con gobiernos centrados en su inmediato horizonte electoral, existe el riesgo de que se generen unas expectativas alcistas que serán muy difíciles de parar.
En un ambiente de inflación los incrementos salariales son fruto de la capacidad de presión de los distintos colectivos de trabajadores; no de los incrementos de productividad de cada sector, de manera que aquellos con más fuerza suelen ser los que acaban ganando. Más tarde, la lógica electoral lleva al “control de precios”, con efectos inhibidores de la actividad.
Así que la respuesta a la pregunta anterior es: dependerá de cómo se desarrolle la política económica. Si se controla el gasto público, al tiempo que se hacen las reformas pendientes, ciertamente los aumentos de precios probablemente serán puntuales y la economía podrá retornar a beneficiarse de una moneda estable.
Por todo ello esperemos que mal que bien, aunque sea por presión de Bruselas, se vayan realizando las reformas pendientes al tiempo que se controla el gasto público.
