TW
0
EFE - TAMPERE Los jefes de Estado o de gobierno de la UE descartaron ayer un reparto entre los países comunitarios de cuotas de refugiados en casos de desplazamientos masivos, pero aceptaron el principio de la solidaridad financiera.

El Consejo Europeo de Tampere debatió sobre las políticas de inmigración y asilo, para dar respuesta a problemas que preocupan cada vez más a los europeos y que potencian actitudes racistas o xenófobas.

Después de un debate más rápido de lo previsto, el primer ministro finlandés, Paavo Lipponen, confirmó que los Quince discutieron la creación de un fondo en apoyo a los países que tengan que hacer frente a una llegada masiva de personas que huyen de un conflicto, como los de Kosovo o Bosnia. Sin embargo, ante el rechazo de algunos países a crear nuevos compromisos financieros, se pidió a la Comisión Europea que, dentro del actual presupuesto comunitario, buscará reservas para hacer frente a estas situaciones.

Las cifras que se manejan para el fondo oscilan en torno a los 50 millones de euros anuales. Países como Austria, Holanda o Alemania, que soportan mayor presión de refugiados, eran los principales defensores del llamado «reparto de la carga» (cuotas de refugiados por país), idea que no fue respaldado por la mayoría.

El ministro de Exteriores alemán, Joschka Fischer, se quejó de que su país recibió este año el 50 por ciento de las demandas de asilo que llegaron a toda la UE y que la población alemana había hecho un gran sacrificio para acoger a miles de kosovares. En la primera jornada de su cumbre extraordinaria de Tampere, los Quince alcanzaron también un acuerdo de principio sobre la necesidad de establecer una política común de asilo.

Pero, teniendo en cuenta la existencia de legislaciones nacionales muy diferentes, encargaron a la Comisión que presente antes de un año un plan.
Sobre política de inmigración, los dirigentes comunitarios buscaron un equilibrio en sus decisiones entre el enfoque preventivo y el represivo.
Para atajar la creciente inmigración, los Quince respaldaron cinco planes de acción dirigidos a países que suministran muchos emigrantes ilegales a la UE, entre ellos Marruecos. Se trata de un enfoque positivo, que recurre a la cooperación política y económica con dichos países, para ayudar a que sus ciudadanos no busquen, por falta de perspectivas, otros Estados donde instalarse.