Los jefes de Estado o de gobierno de la UE descartaron ayer un
reparto entre los países comunitarios de cuotas de refugiados en
casos de desplazamientos masivos, pero aceptaron el principio de la
solidaridad financiera.
El Consejo Europeo de Tampere debatió sobre las políticas de
inmigración y asilo, para dar respuesta a problemas que preocupan
cada vez más a los europeos y que potencian actitudes racistas o
xenófobas.
Después de un debate más rápido de lo previsto, el primer
ministro finlandés, Paavo Lipponen, confirmó que los Quince
discutieron la creación de un fondo en apoyo a los países que
tengan que hacer frente a una llegada masiva de personas que huyen
de un conflicto, como los de Kosovo o Bosnia. Sin embargo, ante el
rechazo de algunos países a crear nuevos compromisos financieros,
se pidió a la Comisión Europea que, dentro del actual presupuesto
comunitario, buscará reservas para hacer frente a estas
situaciones.
Las cifras que se manejan para el fondo oscilan en torno a los
50 millones de euros anuales. Países como Austria, Holanda o
Alemania, que soportan mayor presión de refugiados, eran los
principales defensores del llamado «reparto de la carga» (cuotas de
refugiados por país), idea que no fue respaldado por la
mayoría.
El ministro de Exteriores alemán, Joschka Fischer, se quejó de
que su país recibió este año el 50 por ciento de las demandas de
asilo que llegaron a toda la UE y que la población alemana había
hecho un gran sacrificio para acoger a miles de kosovares. En la
primera jornada de su cumbre extraordinaria de Tampere, los Quince
alcanzaron también un acuerdo de principio sobre la necesidad de
establecer una política común de asilo.
Pero, teniendo en cuenta la existencia de legislaciones
nacionales muy diferentes, encargaron a la Comisión que presente
antes de un año un plan.
Sobre política de inmigración, los dirigentes comunitarios buscaron
un equilibrio en sus decisiones entre el enfoque preventivo y el
represivo.
Para atajar la creciente inmigración, los Quince respaldaron cinco
planes de acción dirigidos a países que suministran muchos
emigrantes ilegales a la UE, entre ellos Marruecos. Se trata de un
enfoque positivo, que recurre a la cooperación política y económica
con dichos países, para ayudar a que sus ciudadanos no busquen, por
falta de perspectivas, otros Estados donde instalarse.
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