El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque,
advirtió ayer de que los disidentes que se reúnan con los
participantes a la IX Cumbre Iberoamericana deberán «enfrentar sus
responsabilidades» por «violar la Ley cubana». Pérez Roque dijo en
rueda de prensa que los mandatarios y participantes en la cumbre
tienen «entera libertad de movimientos y de acción» durante su
estancia, aunque eso incluya reunirse con disidentes, porque no son
«prisioneros del Gobierno cubano, que los llevaría esposados y
amordazados a las sesiones».
Sin embargo, reconoció que hay una Ley de Protección a la
Economía Cubana y a la Soberanía Nacional, que castiga hasta con
veinte años de cárcel a aquéllos «que distorsionen la realidad
cubana» y subrayó que «la ley está en vigor, y es tan legítima como
cualquiera de las otras legislaciones». La ley fue aprobada en
febrero de este año por la Asamblea Nacional del Poder Popular
(Parlamento). «Su aplicación no está en manos del Gobierno, sino de
los tribunales y de los fiscales, que son quienes decidirán y
siempre han decidido cuándo hay un delito», precisó.
El ministro calificó en todo momento a los disidentes de
«instrumentos de los saboteadores» del Gobierno de Estados Unidos y
de «sectores minoritarios» dentro de la comunidad cubana residente
en ese país, mayoritariamente proclive a la normalización de
relaciones entre Cuba y EEUU, según aseguró. El ministro atribuyó
las reuniones con los disidentes a una supuesta campaña de la
Oficina de Intereses de EEUU en Cuba y al Departamento de Estado de
ese país, que «no pierden oportunidad en imponerles a los que
vengan a Cuba como un requisito o una profesión de fe el reunirse
con estos pequeños grupos que ellos en Cuba organizan y pagan».
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