El acuerdo firmado ayer en Berlín por el canciller Gerhard
Schroeder deja puntos por aclarar. El acuerdo alcanzado tras meses
de intensas negociaciones, llega al final de un «siglo sangriento»,
declaró Schroeder, quien aseguró que las consecuencias del régimen
nacionalsocialista no se pueden sanar, pero si atenuar.
«Este es el mejor regalo de Navidad que nos podrían haber
hecho», comentó el delegado alemán en las negociaciones, Otto
Lambsdorff, resumiendo así el alivio del Gobierno y la industria
germanos, que calman sus 'remordimientos históricos' y también
consiguen poner a salvo su reputación internacional. Las palabras
de satisfacción y el reconocimiento a la voluntad de todos por
llegar al consenso -incluido el presidente estadounidense Bill
Clinton, cuya intervención fue decisiva en la última fase de las
negociaciones-, no ocultaron que todavía quedan cuestiones por
resolver en el futuro.
Una de ellas es la contribución de la industria, representada en
la fundación «Recuerdo, Responsabilidad y Futuro», que necesitará
de la adhesión voluntaria de más empresas que las alrededor de
setenta que lo han hecho hasta ahora, para poder reunir los 5.000
millones de marcos a que se han comprometido. Durante el nazismo
más de 600 empresas utilizaron a los esclavos.
El representante de la industria, Manfred Gentz, reiteró su
llamamiento a la participación empresarial, lo que fue corroborado
por todos los presentes, e indicó la «decepcionante resistencia»
que muestran las pequeñas y medianas empresas. Una de las
cuestiones fundamentales que quedan perfiladas en el acuerdo es que
las empresas no deberán enfrentarse a nuevas demandas por su papel
durante el nacionalsocialismo en EE UU, pero Gentz quiso resaltar
que las firmas 'insolidarias' deberían tener en cuenta su imagen en
el exterior.
Por su parte, el Gobierno alemán deberá reunir su aportación,
5.000 millones de marcos, suma a la que finalmente accedió esta
semana, a pesar de que anteriormente Schroeder aseguró que no
subiría de 3.000 millones. El Ejecutivo pretende completar la venta
de algunas propiedades públicas y conseguir, además, la
contribución de los Estados federados, algo sobre la que no se
quiso dar demasiados detalles durante la comparecencia de ayer ante
la prensa.
Los trabajadores forzosos que todavía viven deberán esperar
hasta un año para recibir sus indemnizaciones, tiempo que el
delegado estadounidense, Stuart Eizenstat, considera para concluir
el proceso necesario y la promulgación de una ley que todavía
deberá pasar por el Bundestag (Parlamento alemán). Pese a que la
cuantía global es elevadísima, los familiares de las víctimas sólo
recibirán un millón de pesetas.
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