El presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, decretó el estado de
emergencia en todo el país tras la ruptura del diálogo con los
indígenas y la amenaza de una radicalización del «levantamiento
popular». El decreto posibilita la movilización nacional de las
fuerzas militares y la suspensión de ciertas garantías
constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, el derecho a
transitar libremente o la libertad de asociación y reunión, con el
objetivo de superar la actual convulsión interna.
El líder del movimiento indígena ecuatoriano Antonio Vargas
explicó ayer que existen posibilidades de dialogar con el Gobierno
del presidente ecuatoriano Gustavo Noboa, aunque señaló que ese
diálogo orientado a finalizar con las protestas sociales «debe ser
abierto y al más alto nivel». El primer intento de diálogo fracasó
ayer cuando los indígenas que desde hace seis días permanecen en
Quito para exigir al Gobierno la derogatoria de alzas en los
combustibles y el transporte público, rehusaron dialogar con
funcionarios distintos que no fueran el propio presidente
Noboa.
«No podemos estar de reunión en reunión con funcionarios de
segundo nivel que no pueden tomar decisiones», explicó el
presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de
Ecuador, la CONAIE, Antonio Vargas, para justificar la decisión de
no asistir a un encuentro con el vicepresidente, Pedro Pinto y
varios ministros del Gobierno de Noboa en los que el propio
presidente delegó. Mientras, el secretario de Comunicación de la
Presidencia, Alfredo Negrete, advertía por su parte que el estado
de emergencia se mantendrá vigente hasta tanto el movimiento
indígena deponga su levantamiento.
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