El Gobierno francés presentó ayer al Parlamento un dispositivo de
enmiendas al proyecto de ley sobre la «modernización social» para
poner restricciones a los despidos económicos, en particular a las
empresas con beneficios, tras el 'shock' causado por los planes
sociales de Danone y Marks & Spencer.
La ministra francesa de Empleo y Solidaridad, la socialista
Elisabeth Guigou, encargada de anunciar el dispositivo, destacó
como medida emblemática «la creación del derecho a un periodo de
recolocación» de los trabajadores despedidos por empresas de más de
1.000 empleados, durante el que se mantendría vigente el contrato
con la compañía que suprime su puesto laboral.
Para el conjunto de las empresas, además de las obligaciones
actuales, los directivos tendrán que hacer «un balance de
competencias y de orientación» de cada trabajador antes de
despedirlo. Guigou propuso doblar la indemnización mínima por
despido, que actualmente es de una décima parte del salario mensual
por cada año de antigüedad.
La ministra defendió un aumento de la contribución de las
empresas que despiden a trabajadores de más de 50 años, que les
será devuelta cuando consigan la recolocación de los empleados. En
esa misma línea, sugirió que, «a más largo plazo» y «si los
interlocutores sociales se muestran favorables», la contribución
patronal de las compañías se module en función de la frecuencia con
la que éstas recurren al despido.
Para hacer frente a los efectos sobre el empleo en una región
por el cierre de empresas, el Ejecutivo prevé en sus enmiendas que
«a las mayores empresas se les impongan obligaciones en materia de
reindustrialización», bien por una aportación financiera, bien con
la ayuda a la creación de nuevas actividades.
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