Tras años de esperas y retrasos, los trabajadores forzados del
nazismo podrán comenzar a recibir las indemnizaciones prometidas
por Alemania, después de que el Bundestag (Cámara Baja) aprobara
ayer el último trámite previsto en el acuerdo. «Quiero comenzar con
una expresión que resume el alivio y satisfacción que todos
sentimos hoy (ayer): al fin», aseguró el canciller Gerhard
Schröder, quien recordó que las compensaciones cierran «el último
capítulo de nuestra responsabilidad histórica».
De los 10.000 millones de marcos (850.000 millones de pesetas)
que la industria y el Gobierno de Berlín se comprometieron a
desembolsar a partes iguales, algo más de 8.000 irán a parar al más
de un millón de víctimas a partir del próximo mes de junio. «Tengo
que pedir perdón a todos aquellos para quienes nuestro trabajo ha
tardado demasiado tiempo; los retrasos fueron y son dolorosos,
porque no lograremos que las compensaciones lleguen a muchas de las
víctimas antes de que acabe su vida», declaró el delegado del
Gobierno en las negociaciones, Otto Lambsdorff. Y es que son cada
vez menos los supervivientes entre los diez millones de personas
que se calcula fueron deportadas a territorios del Tercer Reich
para trabajar en todos los sectores de la economía, en sustitución
de los alemanes reclutados por el Ejército nazi.
Cada día que se ha retrasado el proceso han muerto unas
doscientas personas con derecho a indemnización, según los cálculos
de los representantes de las víctimas. La demora ha sido larga si
se calcula desde julio de 2000, cuando se ratificó el acuerdo de
indemnizaciones, pero aún lo es más si cuenta desde que comenzaron
las negociaciones, en 1999.
El último paso para estos pagos lo dieron ayer los diputados, al
respaldar unánimemente una resolución que determina que la
industria alemana cuenta con las suficientes garantías legales
contra futuras demandas de víctimas del nazismo. Queda mucho
papeleo para comprobar las identidades de cientos de miles de
víctimas sin documentos, y los trámites deberán ser rápidos para
que les lleguen cuanto antes las indemnizaciones que para muchos
serán la primera muestra de arrepentimiento que reciben por la
injusticia histórica. Se calcula en unas 200.000 las personas que
tienen derecho a la indemnización.
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