Alemania, Francia y Holanda se sumaron finalmente al consenso en
torno a una declaración de cuatro párrafos que no menciona
explícitamente las preocupaciones españolas, pero que refleja la
intención de Bruselas de profundizar en el problema.
España mantuvo durante semanas un firme pulso con Alemania para
que se reconociera desde ahora el problema que puede plantear a las
regiones más pobres el ingreso de países con una renta
sensiblemente inferior a la media de la UE actual.
La ampliación de la Comunidad a los países del centro y este de
Europa podría suponer para esas zonas la pérdida repentina de los
millonarios fondos que reciben de la UE, como resultado de una
falsa convergencia «estadística». Como exigía Alemania, la
declaración adoptada ayer por los Quince no singulariza a España,
sino que reconoce que la ampliación «tendrá consecuencias para
todos los estados miembros y para el funcionamiento y el desarrollo
de las políticas» comunitarias.
Dichas consecuencias «serán abordadas de acuerdo con los
procedimientos acordados», añade el texto. Asimismo, la declaración
subraya que las negociaciones entre los Quince y los doce
candidatos a la adhesión se llevarán a cabo de acuerdo con el
calendario indicativo adoptado el pasado diciembre y dentro del
marco presupuestario decidido en Berlín en 1999. No habrá, pues, ni
retrasos, ni más dinero hasta 2006, tal y como exigía sobre todo
Alemania.
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