El abogado general (fiscal) del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (Tribunal de Luxemburgo), Dámaso Ruiz-Jarabo,
pidió ayer a la Corte que dé su visto bueno a sistemas de «acciones
específicas», conocidos como «golden share» o «acción de oro»
aprobados por los Gobiernos de Francia, Bélgica y Portugal. El
abogado considera que las medidas de «golden share» no son «en sí
mismas, contrarias al derecho comunitario», en la medida en que «no
sean discriminatorias para los ciudadanos de otros Estados
miembros». «Estos regímenes no son, como tal, contrarios al
Tratado. Sólo su aplicación puede serlo», concluye.
Las conclusiones se enmarcan en el caso que enfrenta a la
Comisión Europea con Francia, Bélgica y Portugal. Estos tres países
tienen medidas que limitan la toma de participaciones, en el marco
de la privatización de ciertas empresas, que Bruselas consideró
incompatibles con el Derecho comunitario y denunció ante la Corte
europea. La Comisión Europea ha denunciado también a España y Reino
Unido ante el Tribunal de Luxemburgo, y tiene abiertos
procedimientos de infracción contra Holanda y Dinamarca. En el caso
de España, Bruselas denunció hace un año la ley de 1995 que
permitió crear la acción de oro (autorización administrativa previa
para ciertas decisiones de empresas privatizadas) para las
privatizaciones de Repsol, Telefónica, Endesa, Tabacalera y
Argentaria.
Fuentes comunitarias señalaron que las conclusiones del abogado
en los casos francés, belga y portugués no tienen por qué prejuzgar
el español, ni el resto de los procesos. La novedad, señalaron
dichas fuentes, es que Ruiz Jarabo hace referencia al Tratado de la
UE en general en el estudio de dichas medidas, no sólo a la
comunicación que la Comisión emitió en 1997 en la que se interpreta
la acción de oro como ilegal.
Hace dos semanas, la Comisión Europea señaló que el uso de la
golden share puede ser admisible, pero que hay que analizar caso
por caso. Así lo afirmaron el comisario europeo de Mercado
Interior, Frits Bolkestein, y la comisaria de Transportes, Loyola
de Palacio. El portavoz de Bolkestein, Jonathan Todd, anunció
además que la Comisión Europea tiene intención de decidir, antes de
fin de julio, si abre expediente a España por su decisión de
suspender los derechos de voto de Electricidade de Portugal (EDP) y
Ferroatlántica-EnBW en Hidrocantábrico, debido a la presencia de
Electricté de France (EdF), que controla un 34 por ciento de
EnBW.
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