Las declaraciones patrimoniales que el jefe de Estado francés, el
neogaullista Jacques Chirac, presentó como diputado en 1988 y en
1993 serán entregadas, por decisión de la dividida Mesa de la
Cámara de Diputados, a los jueces que investigan sus viajes pagados
en efectivo.
El presidente de la Asamblea Nacional, el socialista Raymond
Forni, anunció oficialmente la decisión, tras una reunión a puerta
cerrada, de casi tres horas, de la Mesa, integrada por 11 miembros
de izquierdas y 10 de derechas. Estos últimos, uno de los cuales
había denunciado la reunión como «surrealista e hipócrita» y
advirtió de que se negaría a participar en «un simulacro de voto»,
decidieron abandonar la sesión antes de que se tomara la decisión,
según explicaron a la prensa.
«No hemos aceptado participar en esta votación, que responde a
una intención más política que judicial», afirmó el neogaullista
Patrick Ollier, uno de los seis vicepresidentes de la Asamblea. El
socialista Forni dijo que la decisión se tomó «por mayoría» y que
sólo le guiaron por «el respeto a la ley y las reglas de nuestra
democracia». La ley del código electoral, dijo, prevé la
comunicación de las declaraciones patrimoniales a petición
«expresa» de las autoridades judiciales.
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