El Tribunal Supremo de Israel dio ayer luz verde a la expulsión por
dos años a Gaza de dos palestinos de Cisjordania, familiares del
autor de un atentado anti-israelí. El fallo del Tribunal Supremo de
Israel, que aceptó ayer una demanda de las Fuerzas Armadas para
desterrar a dos palestinos de Cisjordania a Gaza, despertó una gran
polémica mientras la violencia causó en las últimas 24 horas tres
muertos y once heridos. La decisión, que eximió de ese castigo a
otro condenado por un tribunal militar, fue repudiada por
legisladores de la derecha que la consideran «un premio, unas
vacaciones en Gaza».
El principal argumento del representante de las Fuerzas Armadas
y del Estado fue que el «traslado», así como la demolición de
viviendas de sus parientes, es un castigo adecuado para disuadir a
suicidas y otros activistas palestinos de atacar a Israel. En
cambio, el negociador y ministro de Gobernación Local de la
Autoridad Nacional Palestina (ANP), Saeb Erekat, consideró que el
destierro «constituye un castigo colectivo» y que «hoy es un día
negro en la historia de los derechos humanos ya que crea un
precedente peligroso».
Mientras que el portavoz en Gaza de la Yihad Islámica, Abdalá
Shami, estimó que «esta medida tiene el objetivo de desarraigar a
los habitantes originales del territorio y reemplazarlos con
sionistas de todo el mundo». El Tribunal Supremo, cuyo fallo sienta
un precedente, justificó el «traslado por dos años» en una
disposición de la IV Convención de Ginebra, que autoriza a una
potencia ocupante -como es Israel en Cisjordania- imponerlo a sus
habitantes por «razones de seguridad».
Los jueces emplean en su fallo el término «traslado», y no
«destierro» o «deportación», pues Cisjordania y la franja de Gaza,
a pesar de estar separadas entre sí por el territorio israelí,
constituyen «una misma unidad territorial», según todos los
acuerdos de este país con la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP) y con la ANP desde los de Oslo, firmados en 1993.
Asimismo, los magistrados, presididos por el juez Aharón Barak,
establecieron el principio de que sólo podrán ser «trasladados» los
parientes de terroristas si estuvieran implicados en sus actos.
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