El presidente de la Comisión, Romano Prodi, se felicitó
personalmente por la sentencia en una breve comparecencia ante los
periodistas en Bruselas. Anunció que el Ejecutivo comunitario
«negociará» con los ministros de Finanzas cómo aplicar las
conclusiones del Tribunal, dado que la situación que se crea ahora
resulta políticamente muy complicada. Formalmente, según dijo
Prodi, la situación vuelve a «como estaba el 24 de noviembre».
La esperada sentencia da la razón a la Comisión Europea y a su
entonces responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, el español
Pedro Solbes, en su pulso jurídico con el Consejo de ministros de
Economía y Finanzas (Ecofín) de la UE.
El Ecofín, con el voto en contra de los representantes de
España, Holanda, Austria y Finlandia, aprobó el pasado 25 de
noviembre unas conclusiones -ayer anuladas por los jueces- que
supusieron «de facto» la suspensión de la aplicación del Pacto de
estabilidad y crecimiento a las dos economías más importantes de la
Eurozona.
La sentencia deja claro que la vía seguida no fue ortodoxa y que
«el Consejo no puede sustraerse a la aplicación de las normas
establecidas por el Tratado ni de las que él mismo se ha impuesto
en el Reglamento 1467/97» sobre aplicación del Pacto de
estabilidad.
Dicho Pacto, que fija un límite estricto del 3% del PIB para el
déficit público, contempla fuertes sanciones económicas contra los
países que, al cabo de un procedimiento comunitario de coordinación
económica muy estricto, no enderecen sus presupuestos.
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