La nueva Comisión Europea, presidida por el portugués José Manuel
Durao Barroso, inició ayer su andadura en medio de una nueva
polémica causada por la condena y posterior amnistía de su
comisario de Transportes, el francés Jaques Barrot, por
financiación irregular de su partido.
Barrot envió ayer una carta al presidente del Parlamento
Europeo, Josep Borrell, en la que explica que su condena de 8 meses
de cárcel recibió una amnistía en 2000, lo que supone que queda
eliminada de su registro de antecedentes penales, es decir, que a
efectos legales, nunca existió.
Sin embargo, las dudas en torno a Barrot no hacen sino aumentar
los problemas con los que ha empezado a funcionar el Ejecutivo de
Barroso, que ya se vio obligado a remodelar su equipo ante el
rechazo que mostró el Parlamento Europeo a la primera
formación.
Las dudas surgidas ahora sobre Barrot, que hasta este momento
había sido uno de los comisarios menos cuestionados, han vuelto a
poner en tela de juicio la idoneidad de los elegidos y de las
carteras que se les han atribuido.
A preguntas de los periodistas, sobre los casos de Barrot y la
letona Ingrida Udre, investigada por un caso de financiación ilegal
de su partido y cuya candidatura fue retirada por su país, la
portavoz de la Comisión Europea, Francoise Le Bail, afirmó que «son
radicalmente diferentes» y se limitó a recordar que la sustitución
de la letona fue decidida por su Gobierno.
También el Parlamento ha aprovechado la situación creada y la
semana pasada aprobó una resolución en la que pide a Durao Barroso
que cumpla varios requisitos en los próximos cinco años, entre
ellos la posibilidad de cambiar a los miembros de su equipo que
pierdan la confianza de la Cámara.
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