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Las autoridades francesas constatan que la aplicación de las medidas contenidas en la declaración del estado de emergencia han permitido una reducción de los incidentes que se han extendido por trescientas localidades del país en las dos últimas semanas. Ese decreto, aprobado por el Gabinete conservador el pasado 8 de noviembre, permitió a los prefectos (delegados del Gobierno) tomar una serie de medidas legales para hacer frente a los disturbios, como el toque de queda nocturno y la prohibición de concentraciones que pudieran degenerar en violencia o la de venta de gasolina en latas.

El Consejo de Ministros francés anticipa a hoy su habitual reunión semanal, con la vista puesta en la evolución de los disturbios iniciados en la periferia de París el 27 de octubre, tras la muerte accidental de dos adolescentes, y en si levanta o no el estado de emergencia.

Días después de la aplicación de esas disposiciones el Ministerio del Interior tiene datos remitidos por las diferentes Prefecturas que indican una bajada en los sucesos, en especial allí donde se ha impuesto el toque de queda, limitado a los menores de edad. Es el caso de provincias como Lyon, Niza, Rouen, Orleans, Amiens o Le Havre.

Hasta ahora la furia de los radicales se resume en la quema de unos 8.400 vehículos y el fuego también ha llegado a escuelas, tiendas, gimnasios, comisarias y bibliotecas, entre otros edificios. Durante la noche del sábado al domingo se quemaron 374 vehículos y hubo 212 detenciones. En total la Policía ha detenido a unas 2.500 personas en dieciséis días y hasta ahora 456 adultos han sido condenados a penas de cárcel.

Mientras, en Bélgica se detuvo a 50 personas en Bruselas y se incendiaron 27 vehículos incendiados. Otros dos coches fueron incendiados en la ciudad holandesa de Rotterdam. Mientras, en el centro de Atenas un grupo de anarquistas quemó 13 vehículos.